En un texto anterior hemos realizado un repaso a la Ley de Expropiación Forzosa. Como complemento al mismo, vamos a aproximarnos ahora al Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 con objeto de desarrollar dicha ley.

El Título I del Reglamento de Expropiación Forzosa contiene los prinipios generales. Su artículo 1 dispone:

«Artículo 1 

1. Toda la intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el artículo primero de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y específicamente, a los de exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma.

(Toda la actuación administrativa que suponga privación individual de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el artículo primero de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y concretamente, a los de exigencia de habilitación legal, de sujeción a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma.)

2. La enumeración de los supuestos de privación singular de la propiedad, derecho o intereses patrimoniales legítimos que hace el artículo primero de la Ley, tiene carácter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, a los fines de la calificación del párrafo anterior.

(La enumeración de los casos de privación individual de la propiedad, derecho o intereses patrimoniales legítimos que hace el artículo primero de la Ley, tiene carácter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, a los fines de la calificación del párrafo anterior.)

3. En las excepciones del párrafo segundo del artículo primero de la Ley, se comprenden las relativas a ventas forzosas de cualquier artículo objeto de intervención económica.»

(En las excepciones del párrafo segundo del artículo primero de la Ley, se incluyen las relativas a ventas obligadas de cualquier artículo objeto de intervención económica.)

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 2 

Las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos que, no habiendo sido reguladas por los títulos III y IV de la Ley, estén autorizadas por normas con rango de Ley, se regirán:

(Las expropiaciones de facultades parciales de la propiedad o de derechos o intereses legítimos que, no habiendo sido reguladas por los títulos III y IV de la Ley, estén autorizadas por normas con rango de Ley, se regularán:)

1.° Por tales disposiciones especiales, en cuanto a la extensión, procedimiento y, en su caso, normas de valoración.

(Por dichas disposiciones especiales, en cuanto al alcance, procedimiento y, en su caso, normas de valoración. )

2.° Por la Ley general y por este Reglamento, preceptivamente, en cuanto a garantías jurisdiccionales, intervención del Jurado de Expropiación, responsabilidad por demora y reversión.

(Por la Ley general y por este Reglamento, obligatoriamente, en cuanto a garantías jurisdiccionales, intervención del Jurado de Expropiación, responsabilidad por impago y recuperación.)

3.° Subsidiariamente, cuando se apliquen las normas especiales referidas en el número primero, por las disposiciones generales de la Ley y de este Reglamento.»

El artículo 3 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 3 

1. A los efectos del presente Reglamento se entiende por expropiante el titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados, y por expropiado, el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación.

(A los fines del presente Reglamento se entiende por expropiante el titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a solicitar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados, y por expropiado, el propietario o titular de derechos inmobiliarios e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación.)

2. El Estado, la Provincia y el Municipio, dentro de sus respectivas competencias, son los únicos titulares de la potestad de expropiar.

3. El Estado ejercita esta potestad por medio de sus órganos competentes en cada caso, corresponde al Gobernador civil la representación ordinaria del Estado en los expedientes expropiatorios, salvo en los casos en que la Ley, este Reglamento o norma especial con rango de Decreto hayan establecido la competencia de autoridad distinta.

(El Estado ejercita esta potestad a través de sus órganos competentes en cada caso, corresponde al Gobernador civil la representación habitual del Estado en los expedientes expropiatorios, salvo en los casos en que la Ley, este Reglamento o norma especial con rango de Decreto hayan establecido la competencia de autoridad distinta.)

4. Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la Diputación Provincial o al Ayuntamiento en Pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles vía administrativa o contenciosa. En los demás casos, la representación de estas entidades corresponde al Presidente de la Diputación y al Alcalde, sin perjuicio de la competencia del Gobernador civil en el supuesto regulado por el artículo 18 de la Ley general. Estos principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de urbanismo, a que se refiere el artículo 85 de la Ley, establezcan criterios especiales de competencia.»

(Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la Diputación Provincial o al Ayuntamiento en Pleno, aprobar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles vía administrativa o judicial. En los demás casos, la representación de estas entidades corresponde al Presidente de la Diputación y al Alcalde, sin que afecte a la competencia del Gobernador civil en el caso regulado por el artículo 18 de la Ley general. Estos principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de urbanismo, a que se refiere el artículo 85 de la Ley, establezcan criterios específicos de competencia.)

El artículo 4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 4 

Cuando no concurran en el mismo sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, el titular de la potestad expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario, a instancia del mismo; decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad, sin perjuicio de la intervención, facultades y obligaciones que al beneficiario atribuye el artículo siguiente.»

(Cuando no coincidan en el mismo sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, el titular de la potestad expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario, a petición del mismo; decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y alcance de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y aprobar todas las demás resoluciones que supongan ejercicio de dicha potestad, sin que afecte a la intervención, facultades y obligaciones que al beneficiario atribuye el artículo siguiente.)

El artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 5 

1. Corresponderá a las personas o entidades que ostentan la condición de beneficiarios de la expropiación forzosa solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias.

(Corresponderá a las personas o entidades que poseen la condición de beneficiarios de la expropiación forzosa solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su beneficio, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones valore procedentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias.)

2. En el curso del expediente tendrán atribuidas los beneficiarios las siguientes facultades y obligaciones:

(En la tramitación del expediente tendrán atribuidas los beneficiarios las siguientes facultades y obligaciones: )

1.° Como parte en el expediente expropiatorio, impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las incidencias y pronunciamientos del mismo.

(Como interviniente en el expediente expropiatorio, impulsar el procedimiento e informar a su criterio sobre las incidencias y decisiones del mismo. )

2.° Formular la relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley.

(Presentar la relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley.)

3.° Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa a que se refiere el artículo 24 de la Ley.

(Acordar libremente con el expropiado la compra amistosa a que se refiere el artículo 24 de la Ley. )

4.° Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio a que se refiere el artículo 30 de la Ley, y de aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios.

5.° Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.

6.° Abonar las indemnizaciones de demora que legalmente procedan por retrasos que le sean imputables.

(Abonar las indemnizaciones por impago que legalmente procedan por retrasos que le sean atribuibles.)

7.° Las obligaciones y derechos derivados de la reversión ; y

( Las obligaciones y derechos derivados de la recuperación)

8.° Los demás derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en este Reglamento.»

El artículo 6 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 6

1. La determinación de la persona o entidad a la que conviene el carácter de expropiado en los expedientes expropiatorios se ajustará a lo dispuesto en los artículos 3 a 7 de la Ley.

(La determinación de la persona o entidad a la que corresponde el carácter de expropiado en los expedientes expropiatorios se ajustará a lo dispuesto en los artículos 3 a 7 de la Ley.)

2. Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado salvo los arrendatarios rústicos o urbanos, no percibirán indemnización independiente, sin perjuicio de que puedan hacerlos valer sobre el justo precio derivado de la expropiación principal.»

(Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado salvo los arrendatarios rústicos o urbanos, no recibirán indemnización independiente, sin que impida que puedan hacerlos valer sobre el justo precio derivado de la expropiación principal.)

El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 7 

Para que, conforme al artículo 7 de la Ley, se opere formalmente en el expediente expropiatorio la subrogación del adquirente de un bien o derecho en curso de expropiación, deberá ponerse en conocimiento de la Administración el hecho de la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo titular. A estos efectos únicamente serán tomadas en consideración las transmisiones judiciales, las inter vivos que consten en documento público y las mortis causa respecto de los herederos o legatarios.»

(Para que, conforme al artículo 7 de la Ley, se efectúe formalmente en el expediente expropiatorio la sustitución del adquirente de un bien o derecho en trámite de expropiación, deberá ponerse en conocimiento de la Administración el hecho de la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo titular. A estos efectos únicamente serán tomadas en consideración las transmisiones judiciales, las entre vivos que consten en documento público y las por causa de muerte respecto de los herederos o legatarios.)

El artículo 8 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 8 

1. Conforme al artículo octavo de la Ley, la expropiación extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien expropiado, que se convierten, por ministerio de la ley, en derechos sobre el justo precio, con la salvedad consignada en el artículo 6 de este Reglamento.

(Conforme al artículo octavo de la Ley, la expropiación extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien expropiado, que se convierten, por orden de la ley, en derechos sobre el justo precio, con la salvedad consignada en el artículo 6 de este Reglamento.)

2. Cuando no exista acuerdo en la distribución del justo precio entre los distintos titulares de derecho o intereses, la Administración procederá a consignar la cantidad total en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias entre los mismos.»

(Cuando no exista acuerdo en el reparto del justo precio entre los distintos titulares de derecho o intereses, la Administración procederá a consignar la cantidad total en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias entre los mismos.)

El artículo 9 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 9

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá conservarse algún derecho sobre el bien expropiado, siempre que resultase compatible con el fin a que tal bien haya de quedar afectado como consecuencia de la expropiación.

(Pese a lo dispuesto en el artículo anterior, podrá conservarse algún derecho sobre el bien expropiado, siempre que resultase compaginable con el fin a que dicho bien haya de quedar vinculado como consecuencia de la expropiación.)

2. Corresponde a la Administración la decisión sobre la subsistencia del derecho, debiendo oír previamente al titular expropiado principal y al del derecho cuya continuación se propone. Su valoración es de la competencia del Jurado con arreglo a las normas generales.

(Corresponde a la Administración la decisión sobre la persistencia del derecho, debiendo oír previamente al titular expropiado principal y al del derecho cuya continuación se propone. Su valoración es de la competencia del Jurado de acuerdo con las normas generales.)

3. Las reglas de este artículo no serán de aplicación en los casos en que directamente se promueva una expropiación parcial de facultades limitadas del dominio o de derechos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.»

(Las reglas de este artículo no serán de aplicación en los casos en que directamente se impulse una expropiación parcial de facultades limitadas de la propiedad o de derechos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.)

El artículo 10 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 10 

La declaración de utilidad pública e interés social a que se refiere el artículo noveno de la Ley llevará consigo la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para la realización de las obras o el establecimiento de los servicios.»

(La declaración de utilidad pública e interés social a que se refiere el artículo noveno de la Ley llevará unida la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para la realización de las obras o la instalación de los servicios.)

El artículo 11 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 11

«1. Si los bienes objeto de la expropiación fueren inmuebles, la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

2. No será necesaria la promulgación de una Ley formal en los siguientes casos:

(No será necesaria la aprobación de una Ley formal en los siguientes casos: )

a) Cuando se trate de obras y servicios comprendidos en los planes del Estado, Provincia o Municipio aprobados con los requisitos legales, en los que se entenderá implícita aquella declaración. La realización concreta de los planes del Estado deberá ser acordada por Orden ministerial, y los de la Provincia o Municipio, por los Organismos competentes.

(Cuando se trate de obras y servicios incluidos en los planes del Estado, Provincia o Municipio aprobados con los requisitos legales, en los que se entenderá inserta aquella declaración. La realización concreta de los planes del Estado deberá ser acordada por Orden ministerial, y los de la Provincia o Municipio, por los Organismos competentes.)

b) Cuando por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, bastará el reconocimiento de la utilidad pública en cada caso concreto, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo que las Leyes que las regulen hubieran dispuesto otra cosa.

c) Cuando en las disposiciones especiales que regulen las expropiaciones a que se refieren los artículos 85 y 97 de la Ley se establezca forma distinta en cuanto a la declaración de utilidad pública.»

El artículo 12 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 12

1. El interés social como causa legitimadora de la expropiación deberá ser declarado expresa y singularmente mediante Ley en cada caso.

(El interés social como causa justificadora de la expropiación deberá ser declarado expresa e individualmente mediante Ley en cada caso.)

2. No obstante, cuando en virtud de Ley se hubiere declarado genéricamente el interés social de categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, a los fines específicos del artículo 31 del Fuero de los Españoles, aquella declaración llevará implícita la facultad expropiatoria y bastará el Decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto.

(Aun así, cuando debido a Ley se hubiere declarado genéricamente el interés social de categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, a los fines específicos del artículo 31 del Fuero de los Españoles, aquella declaración llevará inserta la posibilidad expropiatoria y bastará el Decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto.)

3. Asimismo, se entenderá que existe causa de interés social a los efectos expropiatorios, y, por tanto, no será necesario el requisito de su previa declaración formal en los supuestos previstos en los artículos 71 y 72 de la Ley.»

El artículo 13 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 13

Si la expropiación afectare a bienes muebles, la utilidad pública o interés social deberá declararse expresa y concretamente en cada caso, mediante Ley, salvo que en otra se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes, en cuyo supuesto bastará Decreto acordado en Consejo de Ministros.»

(Si la expropiación incumbiere a bienes muebles, la utilidad pública o interés social deberá declararse expresa y concretamente en cada caso, mediante Ley, salvo que en otra se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes, en cuyo caso bastará Decreto acordado en Consejo de Ministros.)

El artículo 14 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 14

La declaración de industria de interés nacional llevará aneja, sin otro requisito, la de utilidad pública de las obras o servicios necesarios para el emplazamiento, instalación o ampliación de la misma, en los términos y con las condiciones que establece la Ley de 24 de octubre de 1939.»

(La declaración de industria de interés nacional llevará unida, sin otro requisito, la de utilidad pública de las obras o servicios necesarios para la localización, instalación o ampliación de la misma, en la forma y con las condiciones que establece la Ley de 24 de octubre de 1939.)

Con relación a la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos, el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 15

1. La declaración de utilidad pública o interés social, de un fin, obra o servicio, autoriza a la Administración para resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que resulten estrictamente indispensables para la realización de aquéllos, ajustándose al procedimiento que se establece en el presente capítulo.

(La declaración de utilidad pública o interés social, de un fin, obra o servicio, autoriza a la Administración para decidir sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que resulten estrictamente imprescindibles para la realización de aquéllos, ajustándose al procedimiento que se establece en el presente capítulo.)

2. Si la ocupación hubiere de extenderse a bienes que puedan resultar indispensables para previsibles ampliaciones, se entenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio determinantes de la expropiación, sin que puedan ser calificados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley.»

(Si la ocupación hubiere de extenderse a bienes que puedan resultar imprescindibles para predecibles ampliaciones, se entenderá que los mismos quedan sujetos al fin, obra o servicio determinantes de la expropiación, sin que puedan ser calificados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley.)

El artículo 16 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 16

1. La Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación, en su caso, a través de aquélla, deberá formular una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se consideren necesarias, así como, si procediere, de los imprescindibles para las ampliaciones de la obra, servicio o finalidad determinante de la expropiación. Se exceptúan de este trámite los proyectos aprobados reglamentariamente, cuando los mismos comprendieran la descripción material de los bienes o derechos necesarios.

(La Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación, en su caso, a través de aquélla, deberá presentar una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se consideren necesarias, así como, si procediere, de los imprescindibles para las ampliaciones de la obra, servicio o finalidad determinante de la expropiación. Se exceptúan de este trámite los proyectos aprobados reglamentariamente, cuando los mismos incluyeran la descripción material de los bienes o derechos necesarios.)

2. En la relación se expresará el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable, afectados a la expropiación.

(En la relación se expresará el estado físico y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable, vinculados a la expropiación.)

3. Cuando la ejecución de la obra o servicio requiera la comprobación previa de los bienes que hayan de resultar afectados por la ocupación, la relación se formulará una vez realizadas las operaciones que permitan la individualización concreta de las cosas o derechos necesarios, así como la de sus titulares, según lo dispuesto en el párrafo anterior.

(Cuando la ejecución de la obra o servicio exija la comprobación previa de los bienes que hayan de resultar afectados por la ocupación, la relación se presentará una vez realizadas las operaciones que posibiliten la individualización concreta de las cosas o derechos necesarios, así como la de sus titulares, según lo dispuesto en el párrafo anterior.)

4. En este último caso, las autoridades gubernativas, como las entidades y particulares afectados, deberán prestar su colaboración y permitir las operaciones de replanteo y comprobación que los técnicos de la Administración consideren convenientes realizar.»

(En este último caso, las autoridades gubernativas, como las entidades y particulares interesados, deberán facilitar su colaboración y posibilitar las operaciones de replanteo y comprobación que los técnicos de la Administración entiendan convenientes realizar.)

El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 17

1. La Administración expropiante, a través del Gobernador civil o de la autoridad competente en cada caso, hará pública la relación de los bienes y derechos, para que dentro de un plazo de quince días, contados desde la última de las publicaciones a que se refiere el párrafo siguiente, puedan los interesados presentar alegaciones sobre la conveniencia de la ocupación o utilización de los bienes y su estado físico o legal.

2. A los expresados efectos, cuando las expropiaciones sean realizadas por el Estado, la relación de los bienes y derechos de necesaria ocupación o disposición deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia o provincias respectivas y en uno de los diarios de mayor circulación en éstas, si los hubiere. Igualmente, se remitirá copia de la relación a los Ayuntamientos en cuyo término radiquen las cosas objeto de la expropiación, para que la fijen en el tablón de anuncios.»

(A los expresados fines, cuando las expropiaciones sean realizadas por el Estado, la relación de los bienes y derechos de necesaria ocupación o utilización deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia o provincias respectivas y en uno de los diarios de mayor difusión en éstas, si los hubiere. Igualmente, se enviará copia de la relación a los Ayuntamientos en cuya delimitación se sitúen las cosas objeto de la expropiación, para que la fijen en el tablón de anuncios.)

El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 18

1. Los titulares de derechos afectados por la expropiación podrán, durante el transcurso del plazo fijado en el artículo anterior, aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública.

(Los titulares de derechos vinculados a la expropiación podrán, durante el transcurso del plazo fijado en el artículo anterior, presentar cuantos datos posibiliten la rectificación de los posibles errores que se entiendan cometidos en la relación que se hubiere hecho pública.)

2. En los casos de oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por motivos de forma o de fondo, deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la relación publicada.

(En los casos de oposición a la ocupación o a la utilización de los bienes o derechos, por razones de forma o de fondo, deberán señalarse las justificaciones de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la consideración como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la relación publicada.)

3. A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica, podrá comparecer ante la Alcaldía, Gobierno civil u organismo competente para alegar y ofrecer cuantos antecedente o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.»

( A los solos fines de la corrección de errores en la descripción física y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica, podrá comparecer ante la Alcaldía, Gobierno civil u organismo competente para alegar y ofrecer cuantos antecedente o referencias valgan como justificación para las rectificaciones que procedan.)

El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 19

1. Al finalizar el plazo de alegaciones, se abrirá otro de veinte días en el que se cumplirán los siguientes trámites:

a) Examen y calificación de los fundamentos de la oposición a la necesidad de la ocupación de los bienes o derechos afectados por la relación hecha pública.

(Examen y calificación de los razonamientos de la oposición a la necesidad de la ocupación de los bienes o derechos afectados por la relación hecha pública.)

b) Rectificación y complemento de los datos que, sobre la titularidad de los bienes o derechos, y sus características materiales o legales, procediere como resultado de las alegaciones de los particulares comparecientes.

(Corrección y complemento de los datos que, sobre la titularidad de los bienes o derechos, y sus características físicas o legales, procediere como resultado de las alegaciones de los particulares comparecientes.)

c) Incorporación al expediente, cuando hubiere lugar, de certificaciones u otros documentos de comprobación que, al efecto, se extienden por los Registros de la Propiedad, Fiscales u otras dependencias públicas.

(Inclusión en el expediente, cuando hubiere lugar, de certificaciones u otros documentos de comprobación que, a ese fin, se extienden por los Registros de la Propiedad, Fiscales u otras dependencias públicas.)

2. Cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, y dentro del plazo fijado en el mismo, se resolverá, previo informe de la Abogacía del Estado sobre la necesidad de la ocupación debiendo relacionarse detalladamente en el acuerdo los bienes y derechos afectados, así como los titulares de los mismos con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites del expediente.

(Cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, y dentro del plazo fijado en el mismo, se resolverá, previo informe de la Abogacía del Estado sobre la necesidad de la ocupación debiendo relacionarse detalladamente en el acuerdo los bienes y derechos vinculados, así como los titulares de los mismos con los que hayan de seguirse los sucesivos trámites del expediente.)

3. La condición de interesados sólo se reconocerá a las personas definidas en los artículos 3 y 4 de la Ley y 6 y 7 de este Reglamento.»

(La cualidad de interesados sólo se admitirá a las personas definidas en los artículos 3 y 4 de la Ley y 6 y 7 de este Reglamento.)

El artículo 20 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 20

1. El acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los expropiados, inicia el expediente expropiatorio.

2. La publicación de dicho acuerdo tendrá lugar en igual forma que la establecida en el artículo 17 para el trámite de información pública.

3. La notificación individual será preceptiva respecto de los expropiados, en la parte exclusiva que pueda afectarles, y podrá realizarse en las formas siguientes:

(La notificación individual será obligatoria respecto de los expropiados, en la parte exclusiva que pueda incumbirles, y podrá realizarse en las formas siguientes:)

a) Por entrega al interesado o a su representante, en su domicilio, por agente público, del traslado de la resolución administrativa ; si no fuere hallado, se hará la notificación al familiar, empleado o sirviente, mayor de edad, que se encontrare en el domicilio del destinatario de la notificación, o a un vecino, a presencia y firma en uno y otro caso, de otros dos vecinos.

b) Por el Servicio de Correos en la modalidad denominada de certificado con acuse de recibo.

4. En los casos de indeterminación o desconocimiento de los titulares o de sus domicilios, la notificación habrá de realizarse simultáneamente por edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo término radiquen los bienes.

(En los casos de indeterminación o desconocimiento de los titulares o de sus domicilios, la notificación habrá de realizarse simultáneamente por edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuya superficie se sitúen los bienes.)

5. La notificación individual, en cualquiera de las formas enumeradas, deber contener el texto íntegro de la resolución a que se refiere y especificar los recursos que, en su caso, procedan contra la misma, autoridad u Organismo ante que hayan de formularse y plazo concedido para su interposición.

(La notificación individual, en cualquiera de las formas enumeradas, deber incluir el texto completo de la resolución a que se refiere y determinar los recursos que, en su caso, procedan contra la misma, autoridad u Organismo ante que hayan de presentarse y plazo concedido para su presentación.)

6. La omisión o error en la notificación de cualquiera de los requisitos expresados producirá su nulidad, salvo que el particular interesado hubiera utilizado en tiempo y forma los recursos procedentes.

7. Los particulares afectados por la resolución administrativa que acuerde la necesidad de la ocupación de bienes o derechos podrán deducir los recursos que estimen procedentes, aunque no fuera de los expresados en la notificación.»

( Los particulares afectados por la resolución administrativa que acuerde la necesidad de la ocupación de bienes o derechos podrán presentar los recursos que consideren procedentes, aunque no fuera de los expresados en la notificación.)

El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 21

1. El acuerdo de necesidad de ocupación podrá impugnarse mediante recurso alzada ante el titular del Departamento al que pertenezca la competencia de la obra, fin o servicio determinante de la expropiación.

2. El recurso podrán deducirlo los interesados en el respectivo procedimiento expropiatorio y cuantos hubieren comparecido en el trámite anterior de información pública.

(El recurso podrán presentarlo los interesados en el respectivo procedimiento expropiatorio y cuantos hubieren comparecido en el trámite anterior de información pública. )

3. El plazo para la interposición del recurso será de un mes, contando a partir de la fecha de notificación del acuerdo.

(El plazo para la presentación del recurso será de un mes, contando desde la fecha de notificación del acuerdo. )

4. El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días.

5. La interposición del recurso de alzada producirá efectos suspensivos en tanto no se notifique su resolución, que habrá de ser expresa en todo caso.

(La presentación del recurso de alzada producirá efectos suspensivos en tanto no se notifique su resolución, que habrá de ser expresa en todo caso.)

6. El procedimiento continuará su tramitación en cuanto se refiera a los bienes o derechos cuyos titulares no hubieren deducido el recurso ordinario contra el acuerdo de la necesidad de ocupación.»

(El procedimiento continuará su tramitación en cuanto se refiera a los bienes o derechos cuyos titulares no hubieren presentado el recurso ordinario contra el acuerdo de la necesidad de ocupación)

El artículo 22 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 22

1. En los casos en que la finalidad de la expropiación sólo requiera la necesidad de ocupación de parte de una finca rústica o urbana de tal modo que, a consecuencia de la misma, resulte antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no afectada, podrá el titular interesado solicitar de la Administración que la expropiación comprenda su totalidad.

(En los casos en que la finalidad de la expropiación sólo exija la necesidad de ocupación de parte de una finca rústica o urbana de tal modo que, a consecuencia de la misma, resulte antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no afectada, podrá el titular interesado solicitar de la Administración que la expropiación incluya su totalidad.)

2. En la solicitud deberán exponerse las causas concretas determinantes de los perjuicios económicos, tanto por la alteración de las condiciones fundamentales de la finca como de sus posibilidades de aprovechamiento rentable.

(En la solicitud deberán exponerse las causas concretas determinantes de los perjuicios económicos, tanto por la alteración de las condiciones fundamentales de la finca como de sus posibilidades de utilización rentable.)

3. El Gobernador civil o la autoridad competente, en su caso, resolverá la solicitud en el plazo de diez días.

4. La resolución podrá impugnarse mediante recurso ordinario, que se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior.

5. Contra la resolución ministerial no se dará el recurso contencioso-administrativo, pero se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley en cuanto se refiera a la valoración de los perjuicios derivados de la expropiación parcial.»

El artículo 23 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 23

1. En las ocupaciones y expropiaciones de bienes de la Iglesia católica se estará a lo dispuesto en el artículo XXII del vigente Concordato. A tal fin, además de aplicarse el procedimiento regulado en este Reglamento, el Jurado de Expropiación antes de resolver definitivamente sobre el justiprecio, dará audiencia por plazo de ocho días a la autoridad eclesiástica, manifestando la cuantía de la indemnización que se propone fijar.

2. Cuando la Iglesia fuere beneficiaria de la expropiación con arreglo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley, se aplicará el procedimiento regulado en este título y tendrá en el mismo las facultades previstas en el artículo quinto.»

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 24

1. Las normas del presente capítulo sobre publicación de edictos en los «Boletines Oficiales» y tablón de anuncios de los Ayuntamientos; anuncios en periódicos; notificaciones; plazos y su cómputo, que será siempre de días hábiles y a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación, y las que se refieren a interposición, trámite y resolución de recursos, serán observadas y aplicadas en distintas actuaciones a que se refiere este Reglamento, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

(Las normas del presente capítulo sobre publicación de edictos en los «Boletines Oficiales» y tablón de anuncios de los Ayuntamientos; anuncios en periódicos; notificaciones; plazos y su cómputo, que será siempre de días hábiles y a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación, y las que se refieren a presentación, trámite y resolución de recursos, serán cumplidas y aplicadas en distintas actuaciones a que se refiere este Reglamento, salvo que expresamente se disponga lo contrario.)

2. Los periódicos diarios en que se inserten los edictos o anuncios a que se refiere la Ley y este Reglamento, percibirán solamente el 50 por 100 del importe de las tarifas oficiales aprobadas por la Dirección General de Prensa.»

(Los periódicos diarios en que se incluyan los edictos o anuncios a que se refiere la Ley y este Reglamento, recibirán solamente el 50 por 100 del importe de las tarifas oficiales aprobadas por la Dirección General de Prensa.)

Con relación a la determinación del justo precio, el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 25

Una vez reconocida formalmente la necesidad de ocupación, la adquisición por mutuo acuerdo con cargo a fondos públicos se ajustará a los trámites siguientes:

a) Propuesta de la Jefatura del servicio encargado de la expropiación, en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el propietario, con remisión de los antecedentes y características que permitan apreciar el valor del bien objeto de la expropiación.

(Propuesta de la Jefatura del servicio encargado de la expropiación, en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el propietario, con envío de los antecedentes y características que posibiliten apreciar el valor del bien objeto de la expropiación. )

b) Informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.

c) Fiscalización del gasto por la Intervención.

d) Acuerdo del Ministro o, en su caso, del órgano competente de la Corporación Local o Entidad respectiva.»

El artículo 26 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 26 

El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos conceptos, y el pago del precio libre de toda clase de gastos e impuestos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley, sin que proceda el pago del premio de afección a que se refiere el artículo 47.»

El artículo 27 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 27

1. Transcurridos quince días sin resolver acerca de la adquisición por mutuo acuerdo, se iniciará el expediente ordinario a que se refieren los artículos siguientes. A tal fin, los beneficiarios de la expropiación propondrán al Gobernador civil de la provincia o autoridad competente, en su caso, la iniciación del expediente de justiprecio, remitiéndole las actuaciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 29.

(Transcurridos quince días sin resolver acerca de la compra por mutuo acuerdo, se iniciará el expediente ordinario a que se refieren los artículos siguientes. A tal fin, los beneficiarios de la expropiación propondrán al Gobernador civil de la provincia o autoridad competente, en su caso, la iniciación del expediente de justiprecio, enviándole las actuaciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 29.)

2. Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el Jurado de Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el mutuo acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran verificado, relativas a la determinación del mismo.»

(Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede realizarse en cualquier momento del expediente hasta que el Jurado de Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el mutuo acuerdo, quedarán sin valor las actuaciones que se hubieran realizado, relativas a la determinación del mismo.)

El artículo 28 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 28

El expediente de justiprecio a que se refiere el capítulo III de la Ley se entenderá iniciado, a todos los efectos legales, el día siguiente a aquél en que haya adquirido firmeza el acuerdo declaratorio de la necesidad de la ocupación, con independencia de la fecha en que la Administración expropiante extienda la correspondiente diligencia de apertura. En consecuencia, a continuación de la misma, se fijará por la Administración la fecha legal de iniciación del expediente, a la que deberán referirse todas las tasaciones de los bienes o derechos expropiados, con arreglo a lo ordenado por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley.»

(El expediente de justiprecio a que se refiere el capítulo III de la Ley se entenderá iniciado, a todos los efectos legales, el día siguiente a aquél en que haya ganado inatacabilidad el acuerdo declaratorio de la necesidad de la ocupación, con independencia de la fecha en que la Administración expropiante extienda la correspondiente diligencia de apertura. En consecuencia, a continuación de la misma, se fijará por la Administración la fecha legal de iniciación del expediente, a la que deberán referirse todas las tasaciones de los bienes o derechos expropiados, con arreglo a lo ordenado por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley.)

El artículo 29 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 29

1. La pieza separada a que se refiere el artículo 26 de la Ley se iniciará con un extracto de las actuaciones practicadas para la fijación por mutuo acuerdo del precio de adquisición, así como del resultado del mismo.

(La pieza separada a que se refiere el artículo 26 de la Ley se iniciará con un extracto de las actuaciones practicadas para la fijación por mutuo acuerdo del precio de compra, así como del resultado del mismo.)

2. A continuación figurará la descripción exacta del bien concreto que haya de expropiarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley. Esta descripción deberá ser idéntica a la contenida en el acuerdo de necesidad de ocupación.»

(A continuación figurará la descripción exacta del bien concreto que haya de expropiarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley. Esta descripción deberá ser idéntica a la incluida en el acuerdo de necesidad de ocupación.)

El artículo 30 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 30 

A los efectos del artículo 29 de la Ley y al requerir la Administración a los propietarios para que presenten su hoja de apremio deberá darles traslado igualmente de la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discutir la procedencia de adoptar la expresada fecha, razonando, en su caso, la fijación de otra.»

(A los fines del artículo 29 de la Ley y al requerir la Administración a los propietarios para que presenten su hoja de apremio deberá darles traslado igualmente de la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discutir la procedencia de tomar la expresada fecha, razonando, en su caso, la fijación de otra.)

El artículo 31 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 31

Los peritos de que trata el número segundo del artículo 29 de la Ley habrán de tener título profesional expedido por el Estado, de acuerdo con la especialidad de la materia sobre que hayan de dictaminar. Todos ellos deberán haber ejercido su profesión por espacio de un año con anterioridad a la fecha en que sean requeridos por el particular para la confección de la hoja de aprecio. Si el nombramiento no reuniera estas condiciones, la Administración la admitirá como si estuviere firmada exclusivamente por el propietario.»

(Los peritos de que trata el número segundo del artículo 29 de la Ley habrán de tener título profesional emitido por el Estado, de acuerdo con la especialidad de la materia sobre que hayan de dictaminar. Todos ellos deberán haber ejercido su profesión por espacio de un año con anterioridad a la fecha en que sean solicitados por el particular para la confección de la hoja de aprecio. Si el nombramiento no reuniera estas condiciones, la Administración la admitirá como si estuviere firmada exclusivamente por el propietario.)

El artículo 32 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 32

1. Cuando los bienes objeto de la expropiación fueren distintos de los enumerados en el apartado b) del artículo 32 de la Ley será Vocal del Jurado de Expropiación el Ingeniero industrial designado por la respectiva Delegación de Industria, si se tratare de instalaciones industriales, y, en los demás casos, aquel funcionario técnico más idóneo, a juicio de la entidad expropiante.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, apartado tercero, los miembros de los Jurados de Expropiación serán compatibles con la defensa o el asesoramiento de los particulares en los expedientes de expropiación. Los funcionarios a que se refieren los apartados a), b) y d) del artículo 32 de la Ley no podrán prestar servicio en las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias o en la C.N.S.

(A los fines de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, apartado tercero, los miembros de los Jurados de Expropiación serán compaginables con la defensa o el asesoramiento de los particulares en los expedientes de expropiación. Los funcionarios a que se refieren los apartados a), b) y d) del artículo 32 de la Ley no podrán suministrar servicio en las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias o en la C.N.S.)

3. Aparte de estas incompatibilidades de carácter general, los miembros del Jurado de Expropiación deberán abstenerse de intervenir en las valoraciones cuando el expediente sometido al mismo afecte a parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con aquéllos, o cuando tengan algún derecho o interés sobre los bienes objeto de expropiación.

(Aparte de estas incompatibilidades de carácter general, los miembros del Jurado de Expropiación deberán abstenerse de intervenir en las valoraciones cuando el expediente expuesto al mismo incumba a parientes dentro de cuarto grado de genética o segundo de vínculo legal con aquéllos, o cuando tengan algún derecho o interés sobre los bienes objeto de expropiación.)

4. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se procederá a su sustitución, bien de oficio o a instancia de parte, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.»

(En el caso establecido en el párrafo anterior, se procederá a su sustitución, bien de por propia iniciativa o a petición de interviniente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.)

El artículo 33 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 33

1. Las causas de abstención señaladas en el párrafo 3 del artículo anterior, lo serán de recusación, pudiendo ser alegadas por el expropiado o el beneficiario. El escrito de recusación habrá de presentarse por quien sea parte en el expediente de expropiación, debidamente razonado y con expresión de la causa en que se ampare.

(Las causas de abstención señaladas en el párrafo 3 del artículo anterior, lo serán de recusación, pudiendo ser alegadas por el expropiado o el beneficiario. El escrito de recusación habrá de presentarse por quien sea parte en el expediente de expropiación, debidamente razonado y con expresión de la causa en que se apoye. )

2. Si el miembro a que se refiera encuentra justificada la misma, y el Jurado lo aprobara, se tendrá por recusado sin más trámites. La adopción de tal acuerdo se tomará por el Jurado constituido por los demás miembros y el suplente del presunto recusado.

(Si el miembro a que se refiera encuentra justificada la misma, y el Jurado lo aprobara, se tendrá por recusado sin más trámites. La aprobación de dicho acuerdo se tomará por el Jurado formado por los demás miembros y el suplente del presunto recusado.)

3. Cuando el aceptado no estimara justificada la causa, se tramitará en pieza separada el incidente, al que se podrán aportar cuantos datos y pruebas conduzcan a su justa resolución. Paralelamente se proseguirá el expediente de justiprecio, que no podrá resolverse antes que el incidente de recusación, suspendiéndose a tal fin cuando llegue el momento de su resolución por el Jurado.

(Cuando el aceptado no valorarara justificada la causa, se tramitará en pieza separada el incidente, al que se podrán presentar cuantos datos y pruebas lleven a su justa resolución. Paralelamente se continuará el expediente de justiprecio, que no podrá resolverse antes que el incidente de recusación, suspendiéndose a ese fin cuando llegue el momento de su resolución por el Jurado.)

4. El Jurado, constituido con el suplente o suplentes de los presuntos recusados, tramitará el expediente de justiprecio y fallará el incidente de recusación, pudiendo ordenar la práctica de cuantas pruebas estime convenientes a tal fin. El incidente deberá resolverse en el plazo de veinte días.

(El Jurado, formado con el suplente o suplentes de los presuntos recusados, tramitará el expediente de justiprecio y decidirá el incidente de recusación, pudiendo ordenar la práctica de cuantas pruebas valore convenientes a ese fin. El incidente deberá resolverse en el plazo de veinte días.)

5. Cuando se dé lugar a la recusación, se tendrá por definitivamente separado del expediente principal al miembro a que afecte, no pudiéndose interponer recurso alguno.

(Cuando se dé lugar a la recusación, se tendrá por definitivamente separado del expediente principal al miembro a que incumba, no pudiéndose presentar recurso alguno.)

6. Cuando se declare no haber lugar a la misma, continuará conociendo del expediente principal. Tal acuerdo será impugnable conjuntamente con el que fije el justiprecio en vía contencioso-administrativa, y será resuelto por esta jurisdicción con carácter previo, debiendo anularse el acuerdo de justiprecio cuando se dé la causa de recusación y no se obtenga el quórum exigido para la constitución del Jurado y la adopción del mismo sin el voto del miembro afectado, retrotrayendo las actuaciones a dicho momento procesal.»

( Cuando se declare no haber lugar a la misma, continuará conociendo del expediente principal. Tal acuerdo será impugnable conjuntamente con el que fije el justiprecio en vía contencioso-administrativa, y será resuelto por esta jurisdicción con carácter previo, debiendo anularse el acuerdo de justiprecio cuando se dé la causa de recusación y no se obtenga el quórum exigido para la formación del Jurado y la aprobación del mismo sin el voto del miembro afectado, retrocediendo las actuaciones a dicho momento procesal.)

El artículo 34 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 34

1. En los casos previstos en el artículo 32 y en los de imposibilidad física o material de asistencia de cualquiera de los miembros del Jurado de Expropiación, el Presidente procederá a sus sustitución. A estos efectos, los Vocales mencionados en el artículo 32 de la Ley, deberán tener designado, por el mismo procedimiento que para su nombramiento se determina en el citado precepto, un Vocal sustituto. En consecuencia, la falta de asistencia será suplida mediante la sustitución, quedando prohibida la representación de un Vocal ausente por otro presente.

(En los casos previstos en el artículo 32 y en los de imposibilidad física o material de asistencia de cualquiera de los miembros del Jurado de Expropiación, el Presidente procederá a sus sustitución. A estos fines, los Vocales mencionados en el artículo 32 de la Ley, deberán tener designado, por el mismo procedimiento que para su nombramiento se determina en el citado precepto, un Vocal sustituto. En consecuencia, la falta de asistencia será solucionada mediante la sustitución, quedando prohibida la representación de un Vocal ausente por otro presente.)

2. El Presidente de la Audiencia, al designar el Magistrado Presidente del Jurado, procederá al nombramiento de un suplente, cargo que deberá asignarse igualmente a un Magistrado de la Audiencia respectiva.»

El artículo 35 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 35 

Los Vocales comprendidos en el apartado c) del artículo 32 de la Ley se considerarán funcionarios públicos en cuanto afecte al desempeño de su función en el Jurado de Expropiación.»

(Los Vocales incluidos en el apartado c) del artículo 32 de la Ley se calificarán funcionarios públicos en cuanto incumba al ejercicio de su función en el Jurado de Expropiación.)

El artículo 36 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 36

1. La ausencia injustificada a las sesiones del Jurado de Expropiación se reputará falta leve para los funcionarios del mismo cuando no sea reiterada; grave, en caso de reiteración, corregida con apercibimiento, y muy grave, si la ausencia implicase abandono del servicio. En todo caso, el funcionario que estuviere imposibilitado física, legal o materialmente para la asistencia a cualquier sesión, deberá hacerlo saber así al Presidente del Jurado o al de la Audiencia, en su caso, con la suficiente antelación, a fin de que se proceda a la citación del sustituto.

(La ausencia injustificada a las sesiones del Jurado de Expropiación se calificará falta leve para los funcionarios del mismo cuando no sea reiterada; grave, en caso de reiteración, corregida con apercibimiento, y muy grave, si la ausencia conllevase abandono del servicio. En todo caso, el funcionario que estuviere imposibilitado física, legal o económicamente para la asistencia a cualquier sesión, deberá hacerlo saber así al Presidente del Jurado o al de la Audiencia, en su caso, con la suficiente antelación, a fin de que se proceda a la citación del sustituto. )

2. La revelación de datos que los miembros del Jurado de Expropiación conozcan por razón de su cargo se considerarán falta leve cuando se trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante y no repetida, que no produzca daño al servicio o las personas; grave, cuando exista reincidencia o produzca evidente perjuicio a los particulares o a la Administración o entrañe riesgo notorio para el prestigio de función o el interés público, y muy grave, cuando fuese evidente el daño al servicio público o al prestigio de la función, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda.

(La desvelación de datos que los miembros del Jurado de Expropiación conozcan debido a su cargo se calificarán falta leve cuando se trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante y no repetida, que no produzca daño al servicio o las personas; grave, cuando exista reincidencia o produzca evidente perjuicio a los particulares o a la Administración o conlleve riesgo notorio para el prestigio de función o el interés público, y muy grave, cuando fuese evidente el daño al servicio público o al prestigio de la función, sin que altere la responsabilidad penal que corresponda.)

3. En lo no previsto en los párrafos anteriores se aplicarán los preceptos de la Ley y del Reglamento de Funcionarios Públicos relativos al régimen disciplinario.»

El artículo 37 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 37 

1. Corresponderá al Presidente del Jurado imponer la sanción de apercibimiento, de lo que, en su caso, dará cuenta al Ministerio del que dependa el Vocal.

(Corresponderá al Presidente del Jurado imponer el castigo de apercibimiento, de lo que, en su caso, dará cuenta al Ministerio del que dependa el Vocal.)

2. En los demás casos, el Presidente pondrá los hechos en conocimiento de dicho Ministerio a efectos de la instrucción del expediente disciplinario, sin perjuicio de acordar por sí mismo la suspensión preventiva del funcionario de que se trate, si lo estima conveniente, en cuanto a su participación en el Jurado.

(En los demás casos, el Presidente pondrá los hechos en conocimiento de dicho Ministerio a los fines de la instrucción del expediente disciplinario, sin que obste para acordar por sí mismo la suspensión evitativa del funcionario de que se trate, si lo valora conveniente, en cuanto a su participación en el Jurado.)

3. Cuando la falta hubiere sido cometida por el Presidente, las facultades a que se refieren los párrafos anteriores corresponderán al de la Audiencia respectiva.»

El artículo 38 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 38

1. El Presidente y los Vocales de los Jurados de Expropiación tendrán derecho al percibo de las asistencias por las sesiones del Jurado en que participen, así como, en su caso, a las dietas y gastos de viaje en las comisiones que desempeñen en cumplimento de los fines del Jurado.

(El Presidente y los Vocales de los Jurados de Expropiación tendrán derecho al cobro de las asistencias por las sesiones del Jurado en que participen, así como, en su caso, a las dietas y gastos de viaje en las comisiones que realicen en cumplimento de los fines del Jurado.)

2. La cuantía de las asistencias será para el Presidente y todos los Vocales, respectivamente, la máxima autorizada en el vigente Reglamento de Dietas.

3. En cuanto a las dietas y gastos de viaje, se devengarán por el Presidente y los Vocales designados en los apartados a) y b) del artículo 32 de la Ley con arreglo a su respectiva categoría administrativa. Los Notarios Vocales de Jurado gozarán, a estos efectos, de las siguientes asimilaciones: Los de Madrid y Barcelona y los de primera se considerarán incluidos en el segundo grupo del Anexo del vigente Reglamento de Dietas; los de segunda y tercera, en el tercer grupo.

(En cuanto a las dietas y gastos de viaje, se generarán por el Presidente y los Vocales designados en los apartados a) y b) del artículo 32 de la Ley de acuerdo con su respectiva categoría administrativa. Los Notarios Vocales de Jurado dispondrán, a estos fines, de las siguientes asimilaciones: Los de Madrid y Barcelona y los de primera se entenderán incluidos en el segundo grupo del Anexo del vigente Reglamento de Dietas; los de segunda y tercera, en el tercer grupo.)

4. Los Vocales a que se refiere el apartado c) del artículo 32 de la Ley quedarán asimilados, a los mismos efectos, a los funcionarios del segundo o tercer grupo del vigente Reglamento de Dietas, según que la ciudad sede del Jurado tenga una población igual o superior a trescientos mil habitantes o sea inferior a la misma.

(Los Vocales a que se refiere el apartado c) del artículo 32 de la Ley quedarán igualados, a los mismos fines, a los funcionarios del segundo o tercer grupo del vigente Reglamento de Dietas, según que la ciudad sede del Jurado tenga una población igual o superior a trescientos mil habitantes o sea inferior a la misma.)

5. El pago de los emolumentos o indemnizaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 de este artículo será anticipado por los Gobiernos Civiles, a cuyo efecto se consignarán en los presupuestos correspondientes los créditos necesarios, sin perjuicio de que los costos de la intervención del Jurado de Expropiación en cada expediente de justiprecio sean satisfechos en definitiva por las entidades expropiantes o por los beneficiarios de la expropiación, en su caso.

(El pago de las retribuciones o indemnizaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 de este artículo será adelantado por los Gobiernos Civiles, a cuyo fin se consignarán en los presupuestos correspondientes los créditos necesarios, sin que obste para que los costos de la intervención del Jurado de Expropiación en cada expediente de justiprecio sean abonados finalmente por las entidades expropiantes o por los beneficiarios de la expropiación, en su caso.)

6. A tales efectos, las asistencias correspondientes a cada sesión del Jurado se prorratearán, en su caso, entre los expedientes de justiprecio que se hayan resuelto en la misma; y los gastos de viaje y las dietas se imputarán como costo del expediente de justiprecio con cuyo motivo se hayan devengado.

(A dichos fines, las asistencias correspondientes a cada sesión del Jurado se repartirán en su caso, entre los expedientes de justiprecio que se hayan resuelto en la misma; y los gastos de viaje y las dietas se cargarán como costo del expediente de justiprecio con cuya causa hayan nacido.)

7. El costo definitivo de la intervención del Jurado por cada expediente de justiprecio, a efectos de reembolso de los Gobiernos Civiles, será determinado por el Secretario del Jurado, con el visto bueno del Presidente.

(El costo definitivo de la intervención del Jurado por cada expediente de justiprecio, a los fines de reintegro de los Gobiernos Civiles, será determinado por el Secretario del Jurado, con el visto bueno del Presidente.)

8. Los demás gastos del Jurado, tanto personales como materiales, correrán a cargo de los presupuestos generales del Estado, en los créditos consignados para los Gobiernos Civiles.»

El artículo 39 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 39 

A los efectos del artículo 34 de la Ley, el plazo para la decisión ejecutoria sobre el justo precio se entenderá de ocho días hábiles y comenzará a contarse desde el siguiente al en que el expediente de justo precio haya sido registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación.»

(A los fines del artículo 34 de la Ley, el plazo para la decisión ejecutoria sobre el justo precio se entenderá de ocho días hábiles y comenzará a contarse desde el siguiente al día en que el expediente de justo precio haya sido registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación.)

El artículo 40 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 40

La fecha límite para determinar la procedencia de abonar las mejoras efectuadas en los bienes objeto de expropiación, con arreglo a los módulos señalados en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley, será la de iniciación del expediente expropiatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de este Reglamento.»

(La fecha límite para determinar la conveniencia de abonar las mejoras efectuadas en los bienes objeto de expropiación, de acuerdo con los módulos señalados en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley, será la de iniciación del expediente expropiatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de este Reglamento.)

El artículo 41 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 41

1. Siempre que los bienes o derechos objeto de expropiación forzosa sean algunos de los determinados específicamente en los artículos 39 a 43 de la Ley, las tasaciones del propietario, de la Administración expropiante y del Jurado Provincial de Expropiación habrán de practicarse según los criterios estimativos señalados en los mismos, con arreglo a su respectiva naturaleza.

(Siempre que los bienes o derechos objeto de expropiación forzosa sean algunos de los determinados concretamente en los artículos 39 a 43 de la Ley, las tasaciones del propietario, de la Administración expropiante y del Jurado Provincial de Expropiación habrán de practicarse según los criterios valorativos señalados en los mismos, de acuerdo con su respectiva naturaleza.)

2. En las hojas de aprecio se clasificarán los bienes o derechos de naturaleza distinta por el mismo orden en que aparecen relacionados en los artículos citados de la Ley.»

El artículo 42 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 42

1. Cuando se trate de expropiación de fincas rústicas, el valor de venta de las mismas será el que tengan otras fincas análogas por su clase y situación en el mismo término municipal o en la comarca.

(Cuando se trate de expropiación de fincas rústicas, el valor de venta de las mismas será el que tengan otras fincas semejantes por su clase y situación en la misma superficie municipal o en la comarca.)

2. Se entenderá por comarca la zona de características geográficas y económicas similares en que se encuentren situados los bienes.»

El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 43

En la aplicación del artículo 40 de la Ley se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Las cotizaciones de títulos serán las que se hayan registrado en la Bolsa en que se encuentre domiciliada estatutaria o legalmente la respectiva Empresa mercantil, salvo cuando los títulos estén admitidos a cotización en más de una Bolsa y exista una diferencia igual o superior al diez por 100 en los valores medios resultantes durante el año anterior en una u otra, en que se justificarán por la cotización media del último año en todas las Bolsas en que se hayan cotizado.

b) El beneficio promedio de las Empresas utilizado como criterio valorativo en el apartado 2) será el resultante según el balance en los tres ejercicios sociales anteriores, debidamente capitalizado al interés legal.»

El artículo 44 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 44

La indemnización prevista a favor de arrendatarios de fincas por el artículo 44 de la Ley procederá exclusivamente cuando la expropiación lleve consigo la privación definitiva del uso y disfrute de la finca por el titular arrendaticio, pero cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato arrendaticio entre sus primitivas partes, en cuyo caso la indemnización a los arrendatarios será la determinada para las ocupaciones temporales, sin perjuicio de la posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los párrafos primero y tercero del artículo 43 de la Ley.»

(La indemnización prevista a favor de arrendatarios de fincas por el artículo 44 de la Ley corresponderá exclusivamente cuando la expropiación lleve unida la privación definitiva del uso y disfrute de la finca por el titular arrendaticio, pero cuando la privación de derechos propios de la expropiación sea compaginable con la continuidad del contrato arrendaticio entre sus contratantes originales, en cuyo caso la indemnización a los arrendatarios será la determinada para las ocupaciones temporales, sin que impida la posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los párrafos primero y tercero del artículo 43 de la Ley.)

El artículo 45 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 45

Las indemnizaciones previstas en el artículo 45 de la Ley corresponderán a los que por cualquier causa hubieren de recibir los frutos o cosechas pendientes o realizado los trabajo de barbechera u otras labores similares en la relación que les corresponda en su caso.»

El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 46

El justiprecio a que se refiere el artículo 46 de la Ley en ningún caso podrá ser igual o superior al que la Administración habría debido satisfacer de haber expropiado la totalidad de la finca de que se trate.»

El artículo 47 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 47 

El cinco por ciento del premio de afección se incluirá siempre como última partida de las hojas de aprecio de los propietarios y de la Administración o de la valoración practicada por el Jurado, y se calculará exclusivamente sobre el importe final del justiprecio de los bienes o derechos expropiables, sin que preceda, por tanto, su abono sobre las indemnizaciones complementarias señaladas en otros artículos de la Ley a favor de titulares de derechos posiblemente distintos del propietario, con la sola excepción de las indemnizaciones debidas a los arrendatarios en caso de privación definitiva para los mismos del uso y disfrute de los bienes o derechos arrendados, en cuya hipótesis sus indemnizaciones se incrementarán en el premio de afección.

(El cinco por ciento del premio de afección se incluirá siempre como último valor de las hojas de aprecio de los propietarios y de la Administración o de la valoración practicada por el Jurado, y se calculará exclusivamente sobre la cuantía final del justiprecio de los bienes o derechos expropiables, sin que proceda, por tanto, su abono sobre las indemnizaciones complementarias señaladas en otros artículos de la Ley a favor de titulares de derechos posiblemente distintos del propietario, con la sola excepción de las indemnizaciones debidas a los arrendatarios en caso de retirada definitiva para los mismos del uso y disfrute de los bienes o derechos arrendados, en cuyo caso sus indemnizaciones se aumentarán en el premio de afección.)

Los propietarios carecerán, en cambio, de derecho al premio de afección cuando por la naturaleza de la expropiación conservan el uso y disfrute de los bienes o derechos expropiados.»

El artículo 48 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 48

1. Determinado el justo precio por cualquiera de los procedimientos previstos en el capítulo III del título II de la Ley, se remitirá el expediente al Ministerio que corresponda o a la Diputación Provincial o Ayuntamiento que hayan acordado la expropiación. En el primero de los caso, el Ministro adoptará las medidas oportunas a fin de que por la Ordenación de Pagos se expida el libramiento para el pago del precio de cada expropiación. Tratándose de expropiaciones simultáneamente realizadas para una misma obra o plan y correspondientes a objetos situados en un mismo término municipal, el libramiento podrá comprender a todos ellos.

(Determinado el justo precio por cualquiera de los procedimientos previstos en el capítulo III del título II de la Ley, se enviará el expediente al Ministerio que corresponda o a la Diputación Provincial o Ayuntamiento que hayan acordado la expropiación. En el primero de los caso, el Ministro aprobará las medidas oportunas a fin de que por la Ordenación de Pagos se emita la orden para el pago del precio de cada expropiación. Tratándose de expropiaciones simultáneamente realizadas para una misma obra o plan y correspondientes a objetos situados en una misma delimitación municipal, la orden podrá incluir a todos ellos.)

2. Cuando la expropiación beneficie a organismos autónomos oficiales, el libramiento para el pago del precio que deban realizar se ajustará a lo previsto en su legislación específica. Tanto en este caso como cuando la expropiación se haya realizado en beneficio de particulares o empresas privadas, la Administración expropiante, una vez firme el precio de la expropiación, se dirigirá a los beneficiarios, notificándoles el lugar y fecha en que habrán de realizar el pago, estándose a lo que dispone el párrafo siguiente en cuanto a la notificación a los perceptores del mismo.»

(Cuando la expropiación beneficie a organismos autónomos oficiales, la orden para el pago del precio que deban realizar se ajustará a lo establecido en su legislación determinada. Tanto en este caso como cuando la expropiación se haya realizado en beneficio de particulares o empresas privadas, la Administración expropiante, una vez inatacable el precio de la expropiación, se dirigirá a los beneficiarios, notificándoles el lugar y fecha en que habrán de realizar el pago, estándose a lo que dispone el párrafo siguiente en cuanto a la notificación a los receptores del mismo.)

El artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 49 

1. Recibido en la provincia el libramiento para el pago de la expropiación y hecho efectivo por el pagador, se señalará por el Gobernador o Delegado de la Administración que tenga expresamente atribuidas las facultades expropiatorias el día en que se haya de proceder al pago, el cual se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia con la debida antelación, dándole también el oportuno aviso al alcalde del término correspondiente, al que se remitirá la lista de los interesados. El Alcalde se dirigirá a cada uno de éstos, dándoles conocimiento del día, hora y local en que se haya de verificar el pago.

(Recibido en la provincia la orden para el pago de la expropiación y hecho real por el pagador, se señalará por el Gobernador o Delegado de la Administración que tenga expresamente atribuidas las facultades expropiatorias el día en que se haya de proceder al pago, el cual se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia con la debida antelación, dándole también el oportuno aviso al alcalde del municipio correspondiente, al que se enviará la lista de los interesados. El Alcalde se dirigirá a cada uno de éstos, dándoles traslado del día, hora y local en que se haya de efectuar el pago.)

2. En el día, hora y lugar señalados se reunirá el Alcalde, el representante del expropiante o delegado autorizado por el mismo al efecto, el Pagador, el Secretario del Ayuntamiento y los interesados que hubieran acudido al llamamiento, y se procederá al pago de las cantidades asignadas, siguiendo el orden de la lista remitida por el Gobernador civil o Delegado de la Administración competente.

(En el día, hora y lugar señalados se reunirá el Alcalde, el representante del expropiante o delegado autorizado por el mismo a este fin, el Pagador, el Secretario del Ayuntamiento y los interesados que hubieran acudido al llamamiento, y se procederá al pago de las cantidades asignadas, siguiendo el orden de la lista enviada por el Gobernador civil o Delegado de la Administración competente.)

3. Con independencia de lo que se dice en los párrafos anteriores, los expropiados podrán dirigirse al Gobernador civil o autoridad competente, exponiendo que desean percibir el precio de la expropiación en la capital de la provincia. Las circunstancias podrán aconsejar que, en determinados casos, se pueda acceder a que el pago se realice en otro lugar que designe el interesado.

(Con independencia de lo que se dice en los párrafos anteriores, los expropiados podrán dirigirse al Gobernador civil o autoridad competente, exponiendo que desean recibir el precio de la expropiación en la capital de la provincia. Las circunstancias podrán aconsejar que, en determinados casos, se pueda acceder a que el pago se realice en otro lugar que designe el interesado.)

4. El pago se hará en dinero y precisamente a quienes figuren como dueños de la cosa o titulares del derecho expropiado, de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero de la Ley, no admitiéndose representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya especial, para este caso. Los interesados deberán identificar su persona con la documentación oportuna, y en su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o el Secretario del Ayuntamiento.»

El artículo 50 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 50

1. No se admitirá a ninguno de los interesados protesta ni observación alguna al firmar el «Recibí» de la cantidad que les corresponde, cuyo recibo habrá de constar en la hora respectiva. En caso de que alguno de ellos tuviese algo que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación de su parte, advirtiéndosele del derecho a elevar la reclamación que proceda.

(No se admitirá a ninguno de los interesados protesta ni observación alguna al firmar el «Recibí» de la cantidad que les corresponde, cuyo recibo habrá de constar en la hora respectiva. En caso de que alguno de ellos tuviese algo que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación de su parte, informándosele del derecho a presentar la reclamación que proceda.)

2. Las incidencias del pago se reflejarán en el acta que oportunamente habrá de levantarse.»

(Las incidencias del pago se reflejarán en el acta que oportunamente habrá de redactarse.)

El artículo 51 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 51

1. Se consignará la cantidad a que asciende el justo precio en los casos siguientes:

a) Cuando no concurra al acto del pago el propietario o el titular interesado, por sí o por persona que acredite fehacientemente su representación, o cuando rehusaren recibir el precio.

(Cuando no acuda al acto del pago el propietario o el titular interesado, por sí o por persona que demuestre fidedignamente su representación, o cuando rechazaren recibir el precio.)

b) Si fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o existiere cualquier cuestión o litigio entre ellos, o entre ellos y la Administración.

c) Cuando comparezca el Ministerio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley.

d) Cuando comparezcan personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la autoridad judicial, a que se refiere el artículo sexto de la Ley.

e) Cuando, tratándose de bienes inmuebles, los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad no comparecieren al acto del pago.

f) En los demás casos previstos por las leyes.

2. Será objeto de consignación la cantidad a que ascienda el justo precio a la parte del mismo objeto de discordia, según los casos, más la cantidad que proceda por el interés legal liquidado, conforme a los artículos cincuenta y seis y cincuenta y siete de la Ley.

(Será objeto de consignación la cantidad a que ascienda el justo precio a la parte del mismo objeto de discrepancia, según los casos, más la cantidad que corresponda por el interés legal liquidado, conforme a los artículos cincuenta y seis y cincuenta y siete de la Ley.)

3. La consignación se efectuará en la Caja General de Depósitos en metálico y en concepto de depósito necesario sin interés a disposición del expropiado.

4. Cuando exista litigio pendiente con la Administración el interesado tendrá derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad, quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio.»

(Cuando exista litigio pendiente con la Administración el interesado tendrá derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista acuerdo, quedando en todo caso sujeta dicha entrega provisional al resultado del litigio.)

El artículo 52 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 52

1. La expropiación forzosa produce la extinción de los arrendamientos y de cualesquiera otros derechos relativos a la posesión y ocupación de los bienes expropiados.

2. La ocupación administrativa de la cosa expropiada sólo podrá realizarse cuando los titulares de los derechos hayan percibido la indemnización que pudiera corresponderles en aplicación del capítulo III del título II de la Ley, o consignada en la Caja General de Depósitos en los supuestos previstos en el artículo 51.»

(La ocupación administrativa de la cosa expropiada sólo podrá realizarse cuando los titulares de los derechos hayan recibido la indemnización que pudiera corresponderles en aplicación del capítulo III del título II de la Ley, o consignada en la Caja General de Depósitos en los casos establecidos en el artículo 51.)

El artículo 53 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 53

Cumplido, cuando proceda, el requisito anterior, el Gobernador civil o la autoridad a quien corresponda, notificará a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla, de acuerdo con las circunstancias, y respetando en cualquier caso los plazos mínimos señalados en la Ley de Arrendamientos Urbanos y demás disposiciones legales.»

El artículo 54 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 54 

Los desahucios y lanzamientos que exija la ocupación de las fincas expropiadas tendrán carácter administrativo.»

(Los desahucios y desalojos que exija la ocupación de las fincas expropiadas tendrán carácter administrativo.)

El artículo 55 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 55

1. Se extenderá acta de ocupación de la cosa o derecho expropiados a continuación de la de pago o consignación.

2. Si se tratase de bienes o derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, el acta de ocupación deberá contener las prevenciones siguientes:

(Si se tratase de bienes o derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, el acta de ocupación deberá incluir los datos siguientes:)

a) Nombres, apellidos y estado civil del beneficiario, si es persona natural, y si es persona jurídica, la denominación con que fuese conocida, domicilio y nombre y circunstancias de las personas que en su representación intervinieren en el acta de ocupación.

b) Las mismas circunstancias de la persona o personas que, según el acta de pago, reciben el justo precio, y si tuvo lugar la consignación, la razón por la que se llevó a cabo ésta, según el artículo 51 de este Reglamento.

c) La naturaleza, situación y linderos de los bienes inmueble objeto de la expropiación o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse o cuya inscripción cancele, y su medida superficial.

d) La naturaleza y extensión del derecho a que la expropiación se refiera.

e) La obra o servicio que motivó la expropiación.»

(La obra o servicio que justificó la expropiación.)

El artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 56 

1. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación, deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como al resultado de la información pública en la que por imposición legal, o en su defecto, por plazo de quince días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.

(El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes vinculados a una expropiación, deberá estar debidamente justificado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley e incluyendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación se refiere o al proyecto de obras en que se determina, así como al resultado de la información pública en la que por imposición legal, o en su ausencia, por plazo de quince días, se haya oído a los interesados por la expropiación de que se trate.

2. En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito ante el Organismo expropiante alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.»

(En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del otorgamiento del acta previa, podrán presentar por escrito ante el Organismo expropiante alegaciones a los solos fines de corregir posibles errores que se hayan cometido al relacionar los bienes incluidos en la urgente ocupación.)

El artículo 57 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 57 

1. Si al levantamiento del acta previa a la ocupación a que se refiere el número 3 del artículo 52 de la Ley, al que deberá asistir, en todo caso, el beneficiario de la expropiación o quien lo represente, no acudiese el Alcalde o su delegado, se suspenderá la diligencia, acordándose seguidamente por quien corresponda nueva citación, también con antelación a ocho días naturales y dándose cuenta al Gobernador civil de la provincia para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto con prevención de las responsabilidades en que, caso de desobediencia, pueda incurrir.

(Si al otorgamiento del acta previa a la ocupación a que se refiere el número 3 del artículo 52 de la Ley, al que deberá asistir, en todo caso, el beneficiario de la expropiación o quien lo represente, no acudiese el Alcalde o su delegado, se suspenderá la diligencia, acordándose seguidamente por quien corresponda nueva citación, también con antelación a ocho días naturales e informándose al Gobernador civil de la provincia para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto con advertencia de las responsabilidades en que, caso de desobediencia, pueda incurrir.)

2. En el supuesto de que el beneficiario no tenga reparos que oponer, la pasará a su Perito para que en el plazo que se fije formule a tasación que sirva de base a las hojas de depósito previo a la ocupación, de acuerdo con lo que se dispone en la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. En los casos no previstos en dicha regla, la tasación se ajustará a los criterios contenidos en el capítulo III del título II de la Ley.»

(En el caso de que el beneficiario no tenga reparos que oponer, la pasará a su Perito para que en el plazo que se fije presente a tasación que valga de base a las hojas de depósito previo a la ocupación, de acuerdo con lo que se dispone en la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. En los casos no previstos en dicha regla, la tasación se ajustará a los criterios incluidos en el capítulo III del título II de la Ley.)

El artículo 58 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 58 

1. La cantidad determinada deberá consignarse inmediatamente en la Caja de Depósitos, a no ser que el expropiado, cuando no hubiese cuestión sobre su titularidad, prefiera percibirla renunciando a los intereses legales de la misma que se establecen en la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. Si por cualquier causa la cantidad percibida resultase mayor que la que se fija definitivamente como justo precio, el expropiado habrá de reintegrar el exceso, que podrá exigírsele por vía de apremio a través del Gobernador civil o autoridad competente.

(La cantidad fijada deberá consignarse inmediatamente en la Caja de Depósitos, salvo que el expropiado, cuando no hubiese duda sobre su titularidad, prefiera recibirla renunciando a los intereses legales de la misma que se establecen en la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. Si por cualquier causa la cantidad recibida resultase mayor que la que se fija definitivamente como justo precio, el expropiado habrá de reintegrar el exceso, que podrá exigírsele por vía de recuperación a través del Gobernador civil o autoridad competente.)

2. En el plazo señalado al Perito para formular las hojas de aprecio deberá consignarse en hoja aparte la cuantía de la indemnización a que se refiere el número quinto del artículo 52 de la Ley. Una copia de ambas se comunicará a cada interesado, quien –sin carácter de recurso– podrá objetar sobre la existencia de errores materiales en la determinación del depósito o inadecuada apreciación de las indemnizaciones procedentes. Si la Administración no rectifica, la cuestión quedará diferida al momento en que el Jurado Provisional conozca del expediente.»

(En el plazo señalado al Perito para presentar las hojas de aprecio deberá anotarse en hoja aparte la cuantía de la indemnización a que se refiere el número quinto del artículo 52 de la Ley. Una copia de ambas se comunicará a cada interesado, quien –sin carácter de recurso– podrá objetar sobre la existencia de errores materiales en la determinación del depósito o inadecuada valoración de las indemnizaciones procedentes. Si la Administración no rectifica, la cuestión quedará pospuesta al momento en que el Jurado Provisional conozca del expediente.)

El artículo 59 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 59 

Caso de que alguien opusiere resistencia a la ocupación acordada, el beneficiario se dirigirá al Gobernador civil de la provincia, quien, después de cerciorarse de que han sido cumplidos los trámites de la Ley, le prestará el auxilio de la fuerza pública para efectuar el lanzamiento y ocupación, sin perjuicio de las responsabilidades penales exigibles.»

(Caso de que alguien opusiere resistencia a la ocupación acordada, el beneficiario se dirigirá al Gobernador civil de la provincia, quien, después de asegurarse de que han sido cumplidos los trámites de la Ley, le facilitará el auxilio de la fuerza pública para efectuar el desalojo y ocupación, sin que altere las responsabilidades penales exigibles.)

El artículo 60 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 60

1. Cuando los bienes objeto de la expropiación sean inscribibles en algún Registro público, el expropiante o el beneficiario solicitarán la inscripción en el mismo de la transmisión, constitución o extinción de los derechos que hayan tenido lugar para la expropiación forzosa.

(Cuando los bienes objeto de la expropiación sean inscribibles en algún Registro público, el expropiante o el beneficiario solicitarán la inscripción en el mismo de la transmisión, creación o extinción de los derechos que hayan tenido lugar para la expropiación forzosa. )

2. A tal efecto, será título bastante el acta de pago o resguardo de depósito a que se refiere el artículo 50 de la Ley, en su caso, y el acta de ocupación.

(A este fin, será título suficiente el acta de pago o resguardo de depósito a que se refiere el artículo 50 de la Ley, en su caso, y el acta de ocupación.)

3. En los supuestos excepcionales de urgencia, a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se suspenderá la inscripción hasta que, fijado definitivamente el justo precio, se haya verificado el pago o su consignación, sin perjuicio de que pueda practicarse en el Registro de la Propiedad anotación preventiva mediante la presentación del acta previa de ocupación y el resguardo de depósito provisional, cuya anotación se convertirá en inscripción cuando se acredite el pago o la consignación del justo precio.»

(En los casos excepcionales de urgencia, a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se suspenderá la inscripción hasta que, fijado definitivamente el justo precio, se haya realizado el pago o su consignación, sin que obste a que pueda practicarse en el Registro de la Propiedad anotación preventiva mediante la presentación del acta previa de ocupación y el resguardo de depósito provisional, cuya anotación se convertirá en inscripción cuando se demuestre el pago o la consignación del justo precio.)

El artículo 61 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 61

1. Cuando se trate de la expropiación de patentes o modelos de utilidad a que se refiere el párrafo primero del artículo 99 de la Ley se hará constar expresamente en el Registro de la Propiedad Industrial, si la misma se ha llevado a cabo para uso exclusivo del Estado o para lograr la difusión del invento. En este último supuesto se cancelará la inscripción, cesando los efectos de la misma.

2. En estos casos bastará presentar en el Registro el «Boletín Oficial del Estado» en que se publique la Ley prevista en el artículo citado en el párrafo anterior y el acta de pago o consignación de la cantidad en aquélla fijada.

3. La expropiación de las restantes modalidades de la propiedad industrial se inscribirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.»

El artículo 62 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 62

1. Si la expropiación tuviese por objeto bienes inmuebles o derecho reales sobe los mismos, la inscripción a que se refiere el artículo 60 tendrá lugar en el Registro de la Propiedad.

2. Cuando la finca expropiada no estuviere inscrita se practicará la correspondiente inmatriculación, excepto si ha adquirido la condición de dominio público como consecuencia de la expropiación.

(Cuando la finca expropiada no estuviere inscrita se practicará la correspondiente inscripción, salvo si ha obtenido la calificación de dominio público como consecuencia de la expropiación.)

3. En los demás casos se inscribirá la transmisión, constitución o extinción de los derechos objeto de la expropiación.

(En los demás casos se inscribirá la transmisión, creación o extinción de los derechos objeto de la expropiación.)

4. Si la expropiación tuviere por objeto el dominio del inmueble se inscribirá la correspondiente transmisión y se verificará en su caso la cancelación de cargas, gravámenes y derechos reales a que estuviere afecta la cosa expropiada, excepto de aquéllos que por ser compatibles con el mismo destino que haya de darse al inmueble sean conservados, a tenor de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley.

(Si la expropiación tuviere por objeto el dominio del inmueble se inscribirá la correspondiente transmisión y se realizará en su caso la cancelación de cargas, gravámenes y derechos reales a que estuviere sujeta la cosa expropiada, salvo aquéllos que por ser compaginables con el mismo destino que haya de darse al inmueble sean mantenidos, en función de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley.)

5. Si la expropiación tuviere por objeto un derecho real limitativo del dominio:

(Si la expropiación tuviere por objeto un derecho inmobiliario limitativo de la titularidad: )

a) En el caso de que el titular registral del dominio fuera el beneficiario de la expropiación, se procederá a la cancelación del derecho expropiado.

b) En los demás casos se inscribirá el derecho expropiado a nombre del beneficiario.»

El artículo 63 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 63

Procederá la reversión de los bienes o derechos expropiados en los siguientes casos:

(Procederá la recuperación de los bienes o derechos expropiados en los siguientes casos: )

a) Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación.

(Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que justificó la expropiación. )

b) Cuando realizada la obra o establecido el servicio quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados.

c) Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación.»

(Cuando desaparezca la vinculación de los bienes o derechos a las obras o servicios que justificaron la expropiación.)

El artículo 64 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 64

1. Se entenderá no ejecutada la obra o establecido el servicio cuando no habiéndolo sido de hecho manifestare la Administración su propósito de no llevarla a cabo o de no implantarlo, bien sea por notificación directa a los expropiados, bien por declaraciones o actos administrativos que impliquen la inejecución de la obra que motivó la expropiación o el no llevar a cabo el establecimiento del servicio.

(Se entenderá no ejecutada la obra o establecido el servicio cuando no habiéndolo sido en la práctica manifestare la Administración su intención de no llevarla a cabo o de no instalarlo, bien sea por notificación directa a los expropiados, bien por declaraciones o actos administrativos que conlleven la inejecución de la obra que justificó la expropiación o el no llevar a cabo la instalación del servicio.)

2. En todo caso, transcurridos cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio o dos años desde la fecha prevista a este efecto, los titulares de aquellos bienes o derechos, o sus causahabientes, podrán advertir a la Administración expropiante de su propósito de ejercitar la reversión, pudiendo efectivamente ejercitarla si transcurren otros dos años desde la fecha de aviso sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio.»

(En todo caso, transcurridos cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio o dos años desde la fecha fijada a este fin, los titulares de aquellos bienes o derechos, o sus herederos, podrán informar a la Administración expropiante de su intención de ejercitar la recuperación, pudiendo realmente ejercitarla si transcurren otros dos años desde la fecha de aviso sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio.)

El artículo 65 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 65

En los casos b) y c) del artículo 63, la notificación por parte de la Administración de la existencia de terrenos o bienes sobrantes o de la desafectación, facultará a los titulares de los bienes o derechos expropiados o a sus causahabientes para solicitar la reversión. Asimismo, procederá ésta, en defecto de aquella notificación, cuando quedaren de hecho bienes o terrenos sobrantes y hubieran transcurrido cinco años desde la terminación de la obra o establecimiento de servicio.»

(En los casos b) y c) del artículo 63, la notificación por parte de la Administración de la existencia de terrenos o bienes remanentes o de la desvinculación, facultará a los titulares de los bienes o derechos expropiados o a sus herederos para solicitar la recuperación. Asimismo, procederá ésta, en ausencia de aquella notificación, cuando quedaren de hecho bienes o terrenos remanentes y hubieran transcurrido cinco años desde la terminación de la obra o establecimiento de servicio.)

El artículo 66 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 66

1. Se prohíbe la realización de obras o el establecimiento de servicios distintos en relación con los terrenos o bienes expropiados a aquellos que motivaron la expropiación.

(Se prohíbe la realización de obras o la instalación de servicios distintos en relación con los terrenos o bienes expropiados a aquellos que justificaron la expropiación.)

2. En los casos en que como consecuencia de una alteración indebida no fuere legalmente posible la reversión, se estará a lo previsto en el artículo 121 de la Ley, apartado 1, sin perjuicio de que se deduzcan las responsabilidades previstas en el mismo precepto.»

(En los casos en que como consecuencia de una alteración indebida no fuere legalmente posible la recuperación, se estará a lo previsto en el artículo 121 de la Ley, apartado 1, sin que obste a que se deriven las responsabilidades previstas en el mismo precepto.)

El artículo 67 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 67

1. Los expropiados o sus causahabientes podrán solicitar del Gobernador civil la declaración de procedencia de la reversión, siempre que estimen que concurre cualquiera de las situaciones previstas en los artículos anteriores.

(Los expropiados o sus herederos podrán solicitar del Gobernador civil la declaración de procedencia de la recuperación, siempre que entiendan que concurre cualquiera de las situaciones previstas en los artículos anteriores.)

2. El plazo de un mes a que se refiere el artículo 55 de la Ley empezará a contarse:

a) Desde el día siguiente al de la notificación del acto que diere lugar a la reversión, según el artículo 63.

(Desde el día siguiente al de la notificación del acto que diere lugar a la recuperación, según el artículo 63.)

b) Desde que el expropiado compareciera en el expediente y se diera por notificado de las declaraciones, disposiciones o actos administrativos que implicaren la inejecución de la obra o no establecimiento del servicio que motivaron la expropiación.

(Desde que el expropiado compareciera en el expediente y se diera por notificado de las declaraciones, disposiciones o actos administrativos que conllevaren la inejecución de la obra o no instalación del servicio que justificaron la expropiación.)

c) Una vez transcurran los plazos previstos en el artículo 64, párrafo 2.

3. El Gobernador civil resolverá, previo informe de la Administración interesada, y previas las comprobaciones que estime oportunas, contra cuya resolución cabrá recurso de alzada ante el Ministro competente por razón de la materia, contra cuyo acuerdo será admisible el recurso contencioso-administrativo.

(El Gobernador civil resolverá, previo informe de la Administración interesada, y previas las comprobaciones que valore oportunas, contra cuya resolución cabrá recurso de alzada ante el Ministro competente por razón de la materia, contra cuyo acuerdo será admisible el recurso contencioso-administrativo.)

4. Si la Administración no notificare la decisión de la petición o del recurso de alzada a que se refieren los párrafos anteriores, en el plazo de tres meses podrán entenderse denegados en la forma y con los requisitos previstos en el artículo 38 de la Ley de la jurisdicción contencioso-admnistrativa.»

(Si la Administración no notificare la respuesta a la petición o al recurso de alzada a que se refieren los párrafos anteriores, en el plazo de tres meses podrán entenderse denegados en la forma y con los requisitos previstos en el artículo 38 de la Ley de la jurisdicción contencioso-admnistrativa.)

El artículo 68 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 68 

Declarada la recuperación a favor de determinada persona se procederá por propia iniciativa a la valoración de los bienes o derechos, objeto de la misma, de acuerdo con las normas incluidas en el capítulo III, título II, de la Ley y a las disposiciones concordantes de este Reglamento. En el caso previsto en el párrafo 2) del artículo 54 de la Ley, tan sólo intervendrá el Jurado de Expropiación si no hubiera acuerdo entre el beneficiario de la expropiación y los que hubieren solicitado la recuperación acerca de las mejoras realizadas o de los daños producidos.»

El artículo 69 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 69 

1. Cuando se dé alguna de las causas legitimadoras de la reversión, procederá ésta, aun cuando los bienes o derechos hayan pasado a poder de terceros adquirentes por la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio del derecho de repetición de los mismos contra quien proceda por los daños y perjuicios ocasionados.

(Cuando se dé alguna de las causas justificadoras de la recuperación, procederá ésta, aun cuando los bienes o derechos hayan pasado a poder de otros adquirentes por la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sin que afecte al derecho de reclamación de los mismos contra quien corresponda por los daños y perjuicios causados.)

2. En todo caso, los terceros adquirentes tendrán derecho a ser oídos en el expediente de reversión para aportar los datos y alegaciones que consideren oportunos en contra de la misma.»

(En todo caso, los otros adquirentes tendrán derecho a ser oídos en el expediente de recuperación para presentar los datos y alegaciones que valoren oportunos en contra de la misma.)

El artículo 70 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 70

1. Tan sólo será preciso el otorgamiento de escritura pública para formalizar la reversión si lo solicitasen los interesados. En caso contrario, será suficiente y servirá como título inscribible si ha de surtir efectos en los Registros públicos la resolución administrativa que la declare según lo dispuesto en los artículos anteriores, y el acta de pago que se levantará por el Gobernador civil respectivo al hacerse el mismo.

(Tan sólo será necesario la autorización de escritura pública para oficializar la recuperación si lo solicitasen los interesados. En caso contrario, será suficiente y valdrá como título inscribible si ha de tener validez en los Registros públicos la resolución administrativa que la declare según lo dispuesto en los artículos anteriores, y el acta de pago que se otorgará por el Gobernador civil respectivo al hacerse el mismo.)

2. Cuando surgieran discrepancias sobre mejoras, daños o incremento del valor y haya de intervenir el Jurado de Expropiación se consignará el valor percibido por los interesados, salvo que el expropiante prefiera recibirlo sin perjuicio de lo que se resuelva, levantándose acta en la forma dispuesta en el párrafo anterior, siendo título inscribible dicha acta en unión de la resolución prevista en el citado párrafo.»

(Cuando naciesen discrepancias sobre mejoras, daños o aumento del valor y haya de intervenir el Jurado de Expropiación se consignará el valor recibido por los interesados, salvo que el expropiante prefiera recibirlo sin que afecte a lo que se resuelva, redactándose acta en la forma dispuesta en el párrafo anterior, siendo título inscribible dicha acta en unión de la resolución prevista en el citado párrafo.)

El artículo 71 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 71

1. A los efectos del artículo 56 de la Ley, la situación de mora se entenderá iniciada después de transcurrir seis meses, contados desde la fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación.

(A los fines del artículo 56 de la Ley, la situación de impago se entenderá iniciada después de transcurrir seis meses, contados desde la fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación. )

2. No existirá mora si el beneficiario o el expropiado han recurrido contra el acuerdo del Jurado provincial fijando el justo precio, y éste hubiere sido dictado antes del transcurso de seis meses a que se refiere el apartado anterior.»

(No existirá impago si el beneficiario o el expropiado han recurrido contra el acuerdo del Jurado provincial fijando el justo precio, y éste hubiere sido dictado antes del transcurso de seis meses a que se refiere el apartado anterior.)

El artículo 72 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 72

1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía la fijar el justiprecio.

( La responsabilidad por impago se atribuirá al causante de la misma. Si lo fuere el beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su conveniencia y cuantía al fijar el justiprecio. )

2. Cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado de expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párrafo primero del artículo 121 de la Ley y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto en este Reglamento para tal supuesto.

(Cuando el retraso sea atribuible a la Administración expropiante o al propio Jurado de expropiación, la responsabilidad exigible quedará incluida en el párrafo primero del artículo 121 de la Ley y se hará efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto en este Reglamento para dicho supuesto. )

3. En ningún caso habrá lugar al pago de intereses de demora si ésta fuere imputable al expropiado.»

(En ningún caso habrá lugar al pago de intereses por impago si ésta fuere atribuible al expropiado.)

El artículo 73 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

Artículo 73

1. A los efectos del artículo 57 de la Ley, se entenderá definitivamente fijado el justo precio cuando lo haya sido en vía administrativa.

2. Si la fijación del justo precio hubiera sido impugnada los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en la sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos desde la fecha legal de iniciación de la mora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71, hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa.»

(Si la fijación del justo precio hubiera sido impugnada los intereses nacerán sobre la cantidad determinada en la sentencia firme, liquidándose con efectos en el pasado desde la fecha legal de iniciación del impago, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71, hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa.)

El artículo 74 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 74

1. En relación con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley se entenderá por justo precio el fijado administrativamente.

2. La nueva evaluación prevista en dicho artículo de la Ley se hará a instancia del expropiado, por quien se formulará nueva hoja de aprecio en la forma prevista en su artículo 29, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada esta instancia se seguirán los trámites previstos en el capítulo III del título II.»

(La nueva valoración establecida en dicho artículo de la Ley se hará a petición del expropiado, por quien se realizará nueva hoja de aprecio en la forma prevista en su artículo 29, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada esta solicitud se seguirán los trámites previstos en el capítulo III del título II.)

Con relación a la expropiación por zonas o grupos de bienes, el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 75 

Cuando la ejecución de una obra exija la expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Ministerio del que dependa la obra redactará y aprobará el correspondiente proyecto, que someterá al Consejo de Ministros, para que, mediante Decreto, pueda acordar la aplicación del procedimiento expropiatorio especial regulado en el capítulo primero del título III de la Ley.»

(Cuando la ejecución de una obra exija la expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes aptos para una consideración de conjunto, el Ministerio del que dependa la obra redactará y aprobará el correspondiente proyecto, que expondrá al Consejo de Ministros, para que, mediante Decreto, pueda acordar la aplicación del procedimiento expropiatorio especial regulado en el capítulo primero del título III de la Ley.)

El artículo 76 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 76

El acuerdo del Consejo de Ministros, a que se refiere el artículo anterior, llevará implícita la declaración de la necesidad de la ocupación de los bienes afectados por dicho proyecto y sus reformas posteriores.»

(El acuerdo del Consejo de Ministros, a que se refiere el artículo anterior, llevará inserta la declaración de la necesidad de la ocupación de los bienes afectados por dicho proyecto y sus reformas posteriores)

El artículo 77 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 77

1. En la formulación del proyecto de clasificación de los terrenos o grupos de bienes a que se refiere el artículo 61 de la Ley, se tendrán en cuenta, además de su naturaleza económica, la situación, calidad o clase de los terrenos o de los bienes, su producción, cultivos, rendimiento, valor en venta, riqueza imponible, cuota de contribución que les corresponda y demás características que les sean homogéneas.

(En la preparación del proyecto de clasificación de los terrenos o grupos de bienes a que se refiere el artículo 61 de la Ley, se tendrán en cuenta, además de su naturaleza económica, la situación, calidad o clase de los terrenos o de los bienes, su producción, cultivos, rendimiento, valor en venta, riqueza imponible, cuota de impuesto sobre bienes inmuebles que les corresponda y demás características que les sean semejantes.)

2. La clasificación de los bienes comprenderá forzosamente un cuadro razonado de los precios máximos y mínimos de valoración por cada polígono o grupo de bienes, con sus correspondientes módulos de aplicación, cuyos precios se fijarán por peritos designados por el beneficiario, tomando por base lo dispuesto en el artículo anterior y lo que disponen los artículos 37 y siguientes de la Ley y concordantes de este Reglamento.»

(La clasificación de los bienes incluirá forzosamente un cuadro razonado de los precios máximos y mínimos de valoración por cada polígono o grupo de bienes, con sus correspondientes módulos de aplicación, cuyos precios se fijarán por peritos designados por el beneficiario, tomando por base lo dispuesto en el artículo anterior y lo que disponen los artículos 37 y siguientes de la Ley y similares de este Reglamento)

El artículo 78 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 78 

1. Los edictos que han de publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, según el artículo 62 de la Ley, se referirán a la apertura del trámite de información pública, y en los mismos se expresará el lugar, días y horas en que podrá ser examinado el proyecto por los interesados.

2. En el «Boletín Oficial del Estado» se publicará un extracto de los edictos a que se refiere el apartado anterior.

3. La notificación del proyecto a los Ayuntamientos y entidades corporativas y sindicales, a que se refiere el artículo 62 de la Ley, se les hará remitiendo una copia del mismo a los organismos referidos, para que éstos le den la publicidad necesaria para que llegue a conocimiento de los vecinos o miembros de la Entidad o corporación y puedan examinar la copia del proyecto.

4. Los periódicos diarios en que se inserten edictos para la información pública del proyecto de precios máximos y mínimos percibirán sus tarifas en la forma prevista en el artículo 24.»

(Los periódicos diarios en que se incluyan edictos para la información pública del proyecto de precios máximos y mínimos recibirán sus tarifas en la forma prevista en el artículo 24.)

El artículo 79 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 79

Las reclamaciones que se presenten contra el proyecto de clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o grupos durante el plazo de información pública serán resueltas por la Administración dentro del mes siguiente, sin que contra este acuerdo proceda recurso alguno, salvo lo dispuesto en el artículo 81.»

El artículo 80 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 80

Si no se presentase reclamación contra el proyecto de precios máximos y mínimos durante la información pública, la Administración lo elevará a definitivo mediante acuerdo, que no será susceptible de recurso alguno.»

(Si no se presentase reclamación contra el proyecto de precios máximos y mínimos durante la información pública, la Administración lo convertirá en definitivo mediante acuerdo, que no será capaz de recurso alguno.)

El artículo 81 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 81 

1. Si se hubiesen presentado reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formulará una hoja de aprecio definitiva y motivada, en la que necesariamente habrá de constar la clasificación del bien y precios máximos aplicables al mismo, que será notificada al reclamante, el cual contestará lisa y llanamente, en el plazo de diez días, si la acepta o la rechaza. El silencio del interesado se estimará como aceptación de la oferta de la Administración.

(Si se hubiesen presentado reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración presentará una hoja de aprecio definitiva y justificada, en la que necesariamente habrá de constar la clasificación del bien y precios máximos aplicables al mismo, que será notificada al reclamante, el cual contestará lisa y llanamente, en el plazo de diez días, si la acepta o la rechaza. El silencio del interesado se considerará como aceptación de la oferta de la Administración.)

2. Si el reclamante rechazase la hoja de aprecio de la Administración, se enviará el expediente dentro del plazo de diez días, desde el en que se produzca la discrepancia, al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará definitivamente en vía administrativa la clasificación y los precios controvertidos. Contra este acuerdo se dará el recurso contencioso en las condiciones comunes del artículo 126 de la Ley.»

El artículo 82 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 82

Las clasificaciones de precios máximos y mínimos del proyecto correspondiente, referentes a polígonos o grupos, que no hubiesen sido objeto de controversia se reputarán firmes y definitivos a todos los efectos.»

(Las clasificaciones de precios máximos y mínimos del proyecto correspondiente, referentes a polígonos o grupos, que no hubiesen sido objeto de controversia se considerarán inatacables y definitivos a todos los efectos.)

El artículo 83 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 83

1. Una vez firmes y definitivos los precios, con sus correspondientes módulos de aplicación, en su caso, serán preceptivos para la valoración de las fincas o bienes comprendidos en cada grupo o polígono respectivo.

(Una vez inatacables y definitivos los precios, con sus correspondientes módulos de aplicación, en su caso, serán obligatorios para la valoración de las fincas o bienes incluidos en cada grupo o polígono respectivo.)

2. Sin embargo, si se produjeren discrepancias entre la Administración y los interesados, en cuanto a la aplicación de aquellos precios, se tramitarán y resolverán por el procedimiento establecido en los artículos 26 y siguientes de la Ley y los concordantes de este Reglamento.»

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 84

Transcurridos cinco años desde que se fijaron los cuadros de precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación podrán solicitar de la Administración expropiante la revisión y actualización de dichos precios, que se llevará a efecto por el mismo procedimiento y con las garantías señaladas en los artículos anteriores.»

El artículo 85 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 85

La Administración resolverá dichas peticiones en el plazo de un mes, y contra el acuerdo expreso o tácito desestimándolas, podrán utilizar los interesados o sus causahabientes la vía contenciosa, en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley.»

(La Administración resolverá dichas peticiones en el plazo de un mes, y contra el acuerdo expreso o tácito desestimándolas, podrán utilizar los interesados o sus herederos la vía contenciosa, en las condiciones establecidas en el artículo 126 de la Ley.)

El artículo 86 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 86

Serán aplicables a los expedientes tramitados por este procedimiento especial las disposiciones generales de la Ley y de este Reglamento sobre garantías jurisdiccionales, responsabilidad por demora, reversión, beneficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión de los bienes expropiados.

(Serán aplicables a los expedientes tramitados por este procedimiento especial las disposiciones generales de la Ley y de este Reglamento sobre garantías jurisdiccionales, responsabilidad por impago, recuperación, beneficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión de los bienes expropiados.)

Con relación a la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 87 

El incumplimiento de la función social de la propiedad, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley, es una de las causas de interés social que legitiman la expropiación forzosa.»

El artículo 88 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 88

1. Son requisitos necesarios para la aplicación de esta causa de expropiación los determinados por el artículo 72 de la Ley.

2. La declaración a que se refiere el párrafo 1 de dicho artículo debe ser hecha mediante Ley, bien específicamente, bien por clases o categorías de bienes, supuesto este último en el cual será preciso un Decreto acordado en Consejo de Ministros para formular la declaración particular que proceda en cada caso concreto.»

(La declaración a que se refiere el párrafo 1 de dicho artículo debe ser hecha mediante Ley, bien concretamente, bien por clases o categorías de bienes, caso este último en el cual será necesario un Decreto acordado en Consejo de Ministros para realizar la declaración individual que proceda en cada caso concreto.)

El artículo 89 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 89

La subasta a que se refiere el artículo 75 de la Ley, apartados b) y c), será anunciada mediante edictos, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en un periódico, al menos, de gran circulación en la provincia donde los bienes están situados con la tarifa a que se refiere el artículo 24. Los gastos de estas inserciones se descontarán del precio de licitación, antes de ser entregado al expropiado.»

(La subasta a que se refiere el artículo 75 de la Ley, apartados b) y c), será anunciada mediante edictos, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en un periódico, al menos, de gran difusión en la provincia donde los bienes están situados con la tarifa a que se refiere el artículo 24. Los gastos de estas inclusiones se restarán del precio de la subasta, antes de ser entregado al expropiado.)

El artículo 90 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 90

Cuando un bien se encuentre en el estado público de venta a que se refiere el artículo 75, apartado d), de la Ley, constará en el Registro especial, si existiere, y se publicará en edictos, que se repetirán mensualmente desde la caducidad final del expediente, conforme a lo dispuesto en el apartado e) del mismo artículo. Estos edictos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo anterior.»

El artículo 91 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 91

Cuando las leyes especiales de calificación de una determinada función social de la propiedad con intimación de expropiación forzosa, establezcan normas especiales de procedimiento para la misma, las normas de la Ley general de Expropiación Forzosa y las de este Reglamento serán de aplicación subsidiaria.»

(Cuando las leyes especiales de calificación de una determinada función social de la propiedad con advertencia de expropiación forzosa, establezcan normas especiales de procedimiento para la misma, las normas de la Ley general de Expropiación Forzosa y las de este Reglamento serán de aplicación subsidiaria.)

El artículo 92 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

Con relación a la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone:

«Artículo 92

1. La expropiación de bienes, muebles e inmuebles, de valor artístico, histórico y arqueológico se regirá por el procedimiento especial de este capítulo y el correspondiente de la Ley.

(La expropiación de bienes, muebles e inmuebles, de valor artístico, histórico y arqueológico se regulará por el procedimiento especial de este capítulo y el correspondiente de la Ley.)

2. En cuanto a los bienes inmuebles, la expropiación únicamente se ajustará al procedimiento especial dispuesto por la Ley cuando dichos bienes hubieran obtenido la correspondiente declaración oficial de su carácter artístico, histórico y arqueológico, con antelación mínima de un año a la fecha de iniciarse el expediente expropiatorio.»

El artículo 93 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 93

El Gobernador civil, una vez acordada la expropiación, podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para que no se alteren las características de la cosa o bien afectado por aquélla, manteniéndose la continuidad del destino funcional del inmueble sujeto a expropiación, o del en que radiquen los objetos expropiables.»

(El Gobernador civil, una vez acordada la expropiación, podrá tomar cuantas medidas valore necesarias para que no se alteren las características de la cosa o bien involucrado por aquélla, manteniéndose la continuidad del destino funcional del inmueble sujeto a expropiación, o del en que se sitúen los objetos expropiables.)

El artículo 94 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 94

1. La designación de los académicos que han de constituir la Comisión pericial, a que se refiere el artículo 78 de la Ley, habrá de recaer, si fuera posible, en quienes estén especializados en el estudio de bienes u objetos de la misma clase que los afectados por la expropiación.

( El nombramiento de los académicos que han de formar la Comisión pericial, a que se refiere el artículo 78 de la Ley, habrá de realizarse, si fuera posible, en quienes estén especializados en el estudio de bienes u objetos de la misma clase que los involucrados por la expropiación. )

2. Cuando los bienes u objetos que hayan de ocuparse o expropiarse, pertenezcan a la Iglesia católica serán designados, con preferencia, los académicos que formen parte de la Comisión diocesana correspondiente, si estuviere constituida, que se establece en el artículo XXI del vigente Concordato.»

El artículo 95 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 95 

1. En la misma fecha de la Orden ministerial por la que se acuerde la expropiación, el Ministerio de Educación y Nacional designará al académico que ha de representarle, cuyo nombramiento se notificará al interesado y al Instituto de España.

2. El propietario del bien u objeto afectado por la expropiación, en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá poner en conocimiento del Instituto de España el nombre y residencia del académico que ha designado, acompañando escrito de este último por el que manifieste la aceptación del cargo.

3. El académico que designe la Mesa del Instituto de España, que será Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad en las decisiones y las facultades de convocatoria y dirección de las actuaciones que haya de practicar la Comisión, la cual habrá de constituirse formalmente en el plazo de un mes.»

(El académico que designe la Mesa del Instituto de España, que será Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad en las decisiones y las facultades de convocatoria y dirección de las actuaciones que haya de realizar la Comisión, la cual habrá de conformarse formalmente en el plazo de un mes)

El artículo 96 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 96 

1. La Comisión formulará su dictamen dentro del mes siguiente a la fecha de su constitución.

(La Comisión realizará su dictamen dentro del mes siguiente a la fecha de su configuración.)

2. El justo precio se determinará por acuerdo motivado de la Comisión, en el que se expresarán cuantos elementos, cualquiera que sea su naturaleza, hubieran justificado la peritación. En ningún caso el justo precio podrá ser inferior del que resultare si se aplicaren las disposiciones del título segundo de la Ley.

(El justo precio se determinará por acuerdo justificado de la Comisión, en el que se expresarán cuantos datos, cualquiera que sea su naturaleza, hubieran justificado la peritación. En ningún caso el justo precio podrá ser inferior del que resultare si se aplicaren las disposiciones del título segundo de la Ley.)

3. En los casos en que no exista acuerdo unánime la propuesta particular del académico disidente será unida a la pieza del justo precio.

4. El acuerdo de la Comisión podrá ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley.»

El artículo 97 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 97 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de actuación de la potestad expropiatoria, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 81 de la Ley, en los casos de exportación, venta pública, subasta o liquidación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico.

( Sin que afecte a la posibilidad de actuación de la potestad expropiatoria, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 81 de la Ley, en los casos de exportación, venta pública, subasta o liquidación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico. )

2. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se ajustará a las condiciones y plazo que se señalan en el artículo 81 de la Ley.

3. En garantía de la efectividad del pago del precio correspondiente al titular de la cosa o bien objeto de uno u otro derecho, el Ministerio de Educación Nacional y la Intervención de la Administración del Estado estarán obligados a expedir el libramiento oportuno con cargo a los créditos consignados en los presupuestos para la adquisición de bienes en los que concurren las citadas características. Si el beneficiario fuera otra persona pública, el Ministerio de Educación Nacional adoptará las medidas convenientes para que el pago del precio se efectúe en las condiciones y plazos legales.

(En garantía del cumplimiento del pago del precio correspondiente al titular de la cosa o bien objeto de uno u otro derecho, el Ministerio de Educación Nacional y la Intervención de la Administración del Estado estarán obligados a emitir la orden oportuna con cargo a los créditos consignados en los presupuestos para la adquisición de bienes en los que concurren las citadas características. Si el beneficiario fuera otra persona pública, el Ministerio de Educación Nacional tomará las medidas convenientes para que el pago del precio se efectúe en las condiciones y plazos legales. )

4. La misma obligación corresponderá a los citados órganos del Estado en los casos en que por el particular interesado se acepten otras formas de pago del precio o plazos para su efectividad.»

(La misma obligación corresponderá a los citados órganos del Estado en los casos en que por el particular interesado se acepten otras formas de pago del precio o plazos para su cumplimiento.)

El artículo 98 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 98 

La demora superior a seis meses en el pago del precio total o de la anualidad correspondiente dará lugar a un recargo equivalente al interés legal. «

(La tardanza superior a seis meses en el pago del precio total o de la anualidad correspondiente dará lugar a un recargo igual al interés legal.)

El artículo 99 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 99

En tanto se hace efectivo el precio de la cosa o bien sobre el que se hubiera ejercitado el derecho de tanteo o de retracto, se respetará al propietario de aquél en la posesión del mismo.»

El artículo 100 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 100

1. Si transcurrieren los plazos previsto en el artículo 81 de la Ley sin que por el Estado se ejercitasen los derechos de tanteo o retracto, el bien o la cosa afectados quedarán de libre disposición de su titular, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Ministerio de Educación Nacional por la Ley del Tesoro Artístico y disposiciones complementarias, así como de la posibilidad de aplicar las normas contenidas en la sección primera de este capítulo.

(Si transcurrieren los plazos previsto en el artículo 81 de la Ley sin que por el Estado se ejercitasen los derechos de tanteo o retracto, el bien o la cosa afectados quedarán de libre disposición de su titular, sin que altere las facultades admitidas al Ministerio de Educación Nacional por la Ley del Tesoro Artístico y disposiciones complementarias, así como de la posibilidad de aplicar las normas incluidas en la sección primera de este capítulo. )

2. La reclamación de daños y perjuicios originados por el ejercicio de los derechos de tanteo o de retracto o por la demora en el pago del precio del bien sujeto a los mismos se ajustará, cuando proceda, a lo dispuesto en el capítulo general de indemnización por daños.»

( La reclamación de daños y perjuicios originados por el ejercicio de los derechos de tanteo o de retracto o por la tardanza en el pago del precio del bien sujeto a los mismos se ajustará, cuando corresponda, a lo dispuesto en el capítulo general de indemnización por daños.)

Con relación a la expropiación por entidades locales o por razón de urbanismo, el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 101

1. Lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley será de aplicación a las expropiaciones llevadas a cabo por las Entidades locales referentes a obras o servicios incluidos en planes o proyectos municipales o provinciales.

2. Cuando sean beneficiarias se aplicarán las disposiciones generales de la Ley de Expropiación Forzosa.»

El artículo 102 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 102

Las expropiaciones que se realicen por razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y disposiciones vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia.»

(Las expropiaciones que se realicen por causa de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y disposiciones en vigor o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia.)

El artículo 103 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 103

Cuando funcionen Comisiones y Organismos encargados no sólo de la aprobación de planes de urbanismo, sino de su ejecución y realización, el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) del artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa será designado por los mismos.»

Con relación a la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones, el artículo 104 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 104 

Siempre que fuere preciso expropiar las tierras o instalaciones industriales que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros, y, a la vez, remitirá al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de todos los vecinos que deban ser trasladados con expresión de los que sean cultivadores personales de tierras en propiedad o en arrendamiento, número de familiares y bienes afectados por la expropiación.»

(Siempre que fuere necesario expropiar las tierras o instalaciones industriales que se utilicen como base principal de alimento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros, y, a la vez, enviará al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de todos los vecinos que deban ser trasladados con expresión de los que sean cultivadores personales de tierras en propiedad o en arrendamiento, número de familiares y bienes afectados por la expropiación.)

El artículo 105 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 105

El expediente de expropiación se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley, y se extenderá no sólo a las tierras de necesaria ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles sitos en el territorio de la Entidad afectada, excepto aquellos en que sus dueños soliciten la exclusión al ser requeridos para la presentación de la hoja de aprecio.»

(El expediente de expropiación se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, y se extenderá no sólo a las tierras de necesaria ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles sitos en el territorio de la Entidad involucrada, salvo aquellos en que sus dueños soliciten la exclusión al ser requeridos para la presentación de la hoja de aprecio.)

El artículo 106 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 106 

Además de la indemnización a que tienen derecho los vecinos de la Entidad por los perjuicios que les ocasione el traslado, los mismos podrán pedir su instalación en el territorio de la nueva Entidad local que se constituya, en las condiciones que determina el artículo 111 de este Reglamento.»

(Además de la indemnización a que tienen derecho los vecinos de la Entidad por los perjuicios que les cause el traslado, los mismos podrán pedir su instalación en el territorio de la nueva Entidad local que se conforme, en las condiciones que determina el artículo 111 de este Reglamento.)

El artículo 107 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 107

La determinación de los tipos aplicables en las indemnizaciones por los perjuicios que detalla el artículo 89 de la Ley se hará por el Consejo de Ministros, a propuesta de una Comisión formada por un representante del Gobernador civil de la provincia, un Ingeniero de la Jefatura Agronómica, el Alcalde de la Entidad afectada, y un representante de la Organización sindical nombrado por el Delegado provincial y otro del beneficiario de la expropiación.»

El artículo 108 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 108

Establecidos por el Consejo de Ministros los tipos de indemnización, previo dictamen del de Estado, el Gobernado civil de la provincia ordenará su publicación en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de quince días los interesados puedan solicitar por escrito ante dicha autoridad la indemnización a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que fundan su petición.»

(Establecidos por el Consejo de Ministros los tipos de indemnización, previo dictamen del de Estado, el Gobernado civil de la provincia ordenará su publicación en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de quince días los interesados puedan solicitar por escrito ante dicha autoridad la indemnización a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que basan su petición)

El artículo 109 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 109 

Dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo para la presentación de instancias, la Comisión a que se refiere el artículo 107 fijará la indemnización abonable a cada interesado, los que podrán recurrir dentro de los quince días siguientes a la notificación ante el Jurado Provincial de Expropiación cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. El pago de las indemnizaciones se efectuará en la forma prevista en el capítulo IV del título II de la Ley y en las normas de este Reglamento.»

El artículo 110 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 110 

Los vecinos que deseen ser instalados en el territorio de la nueva Entidad local lo expresarán así en la instancia solicitando la indemnización a que se refiere el artículo 91 de la Ley, acompañando una inscripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban afectadas por la expropiación.»

El artículo 111 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 111 

Expuesta al público la relación de vecinos que deseen ser trasladados y hechas las rectificaciones que procedan, después de transcurrir el plazo de quince días, se remitirá al Instituto Nacional de Colonización para que éste, teniendo en cuenta los datos que figuran en la relación, los que le haya facilitado el expropiante y cuantos puedan proporcionarse de los informes que al efecto solicite, estudie el problema social y su posible solución mediante el traslado de las familias afectadas que voluntariamente lo hayan solicitado, a las zonas de regadío en las que el Instituto desarrolla su actividad o a las fincas que al efecto adquiera por compra voluntaria o por expropiación forzosa, conforme a las normas que regulan la actuación de este Organismo, en los casos de expropiación por razones de interés social.»

(Expuesta al público la relación de vecinos que deseen ser trasladados y hechas las rectificaciones que procedan, después de transcurrir el plazo de quince días, se enviará al Instituto Nacional de Colonización para que éste, teniendo en cuenta los datos que figuran en la relación, los que le haya facilitado el expropiante y cuantos puedan facilitarse de los informes que a ese fin solicite, estudie el problema social y su posible solución mediante el traslado de las familias afectadas que voluntariamente lo hayan solicitado, a las zonas de regadío en las que el Instituto desarrolla su actividad o a las fincas que a ese fin adquiera por compra voluntaria o por expropiación forzosa, conforme a las normas que regulan la actuación de este Organismo, en los casos de expropiación por razones de interés social.)

El artículo 112 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 112

Las solicitudes de traslado con la propuesta del Instituto se elevarán a la aprobación del Consejo de Ministros, el que podrá autorizar a dicho Organismo apara la adquisición de la finca o fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que haya solicitado el traslado y creación de la nueva Entidad local.»

(Las solicitudes de traslado con la propuesta del Instituto se presentarán a la aprobación del Consejo de Ministros, el que podrá autorizar a dicho Organismo apara la adquisición de la finca o fincas adecuadas para la instalación de los vecinos que haya solicitado el traslado y creación de la nueva Entidad local.)

El artículo 113 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 113 

La instalación de las familias que acepten el traslado de las fincas o terrenos del Instituto Nacional de Colonización se hará por el mismo discrecionalmente, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso y procediendo a adjudicar a cada uno los lotes o parcelas de terrenos de independencia económica que puedan servir de base a la constitución de patrimonios familiares.»

(La instalación de las familias que acepten el traslado de las fincas o terrenos del Instituto Nacional de Colonización se hará por el mismo opcionalmente, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso y procediendo a adjudicar a cada uno los lotes o parcelas de terrenos de independencia económica que puedan valer de base a la creación de patrimonios familiares.)

El artículo 114 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 114 

Para la amortización del valor de los bienes que se adjudiquen a cada una de las familias trasladadas el Instituto Nacional de Colonización designará en primer término una cantidad comprendida entre el 80 por 100 y el importe total de lo que cada expropiado deba percibir como precio o indemnización de todos los bienes que se le expropien, entendiéndose subrogado el Instituto en los derechos de los expropiados que voluntariamente hubieren verificado el traslado a que se refiere el artículo 106, a cuyo efecto éstos, al formular la petición, habrán de conferir por escrito a dicho Organismo su representación, para que éste actúe en nombre de los mismos en el expediente expropiatorio desde que se inicien las actuaciones para determinar el justo precio hasta el momento del pago, que habrá de hacerse directamente al Instituto»

(Para la liquidación del valor de los bienes que se adjudiquen a cada una de las familias trasladadas el Instituto Nacional de Colonización designará en primer lugar una cantidad incluida entre el 80 por 100 y el importe total de lo que cada expropiado deba recibir como precio o indemnización de todos los bienes que se le expropien, entendiéndose subrogado el Instituto en los derechos de los expropiados que voluntariamente hubieren realizado el traslado a que se refiere el artículo 106, a cuyo fin éstos, al presentar la petición, habrán de atribuir por escrito a dicho Organismo su representación, para que éste actúe en nombre de los mismos en el expediente expropiatorio desde que se inicien las actuaciones para determinar el justo precio hasta el momento del pago, que habrá de hacerse directamente al Instituto)

El artículo 115 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 115 

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo anterior las cantidades que se abonen a los particulares como indemnización por cambio forzoso de residencia, gastos de viaje por traslado familiar, transporte de ajuar y elementos de trabajo y jornales perdidos durante el tiempo invertido en los referidos traslados, de las que podrán disponer libremente los interesados, reintegrándose a los mismos el sobrante, si lo hubiere, de la cantidad retenida para amortización.»

(Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo anterior las cantidades que se abonen a los particulares como indemnización por cambio obligado de residencia, gastos de viaje por traslado familiar, transporte de ajuar y elementos de trabajo y jornales perdidos durante el tiempo utilizado en los referidos traslados, de las que podrán disponer libremente los interesados, reintegrándose a los mismos el remanente, si lo hubiere, de la cantidad retenida para liquidación.)

El artículo 116 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 116 

Las familias que deseen ser trasladadas a fincas del Instituto podrán colocarse con el carácter de cultivadores provisionales en tanto se acuerde su instalación definitiva como colonos, en cuyo momento, si no les convienen los lotes o parcelas que se les ofrezcan, podrán optar por percibir importe íntegro de la expropiación de sus bienes, sin más obligación por parte del Instituto.»

(Las familias que deseen ser trasladadas a fincas del Instituto podrán colocarse con el carácter de cultivadores provisionales en tanto se acuerde su instalación definitiva como colonos, en cuyo momento, si no les convienen los lotes o parcelas que se les ofrezcan, podrán optar por recibir cantidad completa de la expropiación de sus bienes, sin más obligación por parte del Instituto.)

El artículo 117 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 117 

En los casos en que sea necesaria la creación de nueva Entidad local, conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Expropiación Forzosa, el Instituto quedará subrogado en los derechos de la Entidad desaparecida o afectada por la expropiación, interviniendo en el expediente en su nombre y haciendo efectivas cuantas cantidades deban abonarse a ella por el expropiante, las cuales pasarán a formar parte del patrimonio de la nueva Entidad.»

(En los casos en que sea necesaria la creación de nueva Entidad local, conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Expropiación Forzosa, el Instituto quedará situado en los derechos de la Entidad desaparecida o afectada por la expropiación, interviniendo en el expediente en su nombre y haciendo efectivas cuantas cantidades deban abonarse a ella por el expropiante, las cuales pasarán a formar parte del patrimonio de la nueva Entidad.)

El artículo 118 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 118

La nueva Entidad local se constituirá en la forma prevenida en el Decreto de 28 de octubre de 1955, o por las disposiciones que en lo sucesivo puedan dictarse al respecto. «

(La nueva Entidad local se configurará en la forma prevenida en el Decreto de 28 de octubre de 1955, o por las disposiciones que en lo sucesivo puedan dictarse al respecto. )

Con relación a las expropiaciones por causa de colonización y de obra públicas, el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 119 

Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regirán por su legislación especial y por las disposiciones reglamentarias dictadas en ejecución de aquélla.»

(Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regularán por su legislación especial y por las disposiciones reglamentarias dictadas en ejecución de aquélla.)

El artículo 120 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 120

Los Ingenieros Jefes de los Servicios respectivos de Obras Públicas asumirán las facultades a que se refiere el artículo 98 de la Ley.»

Con relación a la expropiación en materia de propiedad industrial, los artículos 121 y 122 han sido derogados y el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece lo siguiente:

«Artículo 123

1. Tratándose de las restantes modalidades de la propiedad industrial, el Ministerio de Industria, previo informe de sus Organismos técnicos, podrá incoar el oportuno expediente de expropiación forzosa en la forma y con los requisitos que se previenen en la Ley y en este Reglamento.

(Tratándose de los restantes tipos de la propiedad industrial, el Ministerio de Industria, previo informe de sus Organismos técnicos, podrá aperturar el oportuno expediente de expropiación forzosa en la forma y con los requisitos que se establecen en la Ley y en este Reglamento.)

2. El acuerdo recaído se comunicará al Registro de la Propiedad Industrial, donde se efectuarán las inscripciones oportunas.»

(El acuerdo dictado se comunicará al Registro de la Propiedad Industrial, donde se efectuarán las inscripciones oportunas.)

El artículo 124 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa se refiere a la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del estado de la siguiente manera:

«Artículo 124 

Las expropiaciones y requisas que lleven a cabo las autoridades militares de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, se regularán por el Reglamento especial previsto en el artículo 107 de la Ley.»

Con relación a las indemnizaciones por ocupación temporal, el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 125

La Administración, así como las personas o Entidades que se hubieren subrogado en sus derechos, sólo podrán ocupar, con carácter temporal, los terrenos propiedad del particular en los casos previstos en el artículo 108 de la Ley.»

(La Administración, así como las personas o Entidades que se hubieren situado en sus derechos, sólo podrán ocupar, con carácter temporal, los terrenos propiedad del particular en los casos previstos en el artículo 108 de la Ley.)

El artículo 126 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 126

1. Cuando haya de solicitarse, en virtud de lo previsto en el artículo 110, número 1 de la Ley, el permiso del particular con objeto de llevar a cabo, en terreno de su propiedad, estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, se hará constar al solicitarlo, la razón y fin de la ocupación, la duración de la misma y se designará el Perito de la Administración a efectos de la evaluación de los daños.

(Cuando haya de solicitarse, en aplicación de lo previsto en el artículo 110, número 1 de la Ley, el permiso del particular con objeto de llevar a cabo, en terreno de su propiedad, estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, se hará constar al solicitarlo, la razón y fin de la ocupación, la duración de la misma y se designará el Perito de la Administración a los fines de valoración de los daños.)

2. En el plazo de cuarenta y ocho horas el propietario requerido deberá conceder o denegar el permiso y, en caso afirmativo, designar en la misma contestación el Perito encargado en su nombre de la evaluación de los daños.

(En el plazo de cuarenta y ocho horas el propietario requerido deberá conceder o denegar el permiso y, en caso afirmativo, designar en la misma contestación el Perito encargado en su nombre de la valoración de los daños.)

3. Transcurridas las cuarenta y ocho horas sin que el propietario hubiere concedido expresamente el permiso, se dará cuenta al Gobernador civil de la provincia o a la autoridad competente por razón del caso, que resolverá sobre la necesidad de la ocupación.

4. En el supuesto de que otorgada la autorización se utilizaran los terrenos con fines distintos o se prolongara su ocupación por más tiempo del señalado, el particular podrá solicitar la intervención del Gobernador civil, el cual, previos los trámites que estime oportunos, estará facultado para retirar la autorización otorgada.

(En el caso de que concedida la autorización se utilizaran los terrenos con fines distintos o se alargara su ocupación por más tiempo del señalado, el particular podrá solicitar la intervención del Gobernador civil, el cual, previos los trámites que valore oportunos, estará facultado para retirar la autorización concedida.)

5. La responsabilidad a que se refiere el número 2 del artículo 110 de la Ley se exigirá de acuerdo con el capítulo II del título IV de la misma y las disposiciones de este Reglamento que lo desarrollan.»

El artículo 127 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 127 

Las ocupaciones temporales que traigan su causa de una declaración de utilidad pública o interés social y que resulten necesarias, por razón de fin de una expropiación, se regirán por las siguientes reglas.

(Las ocupaciones temporales que traigan su causa de una declaración de utilidad pública o interés social y que resulten necesarias, por causa de finalidad de una expropiación, se regularán por las siguientes reglas. )

1.ª El beneficiario de la expropiación vendrá obligado a formular una relación concreta e individualizada en la que se describan en todos los aspectos material y jurídico, los terrenos cuya ocupación temporal se considere necesaria a los fines de la expropiación.

(El beneficiario de la expropiación vendrá obligado a presentar una relación concreta e individualizada en la que se describan en todos los aspectos físico y jurídico, los terrenos cuya ocupación temporal se considere necesaria a los fines de la expropiación.)

2.ª Recibida la relación señalada en la regla anterior, el Gobernador civil abrirá información pública durante un plazo de diez días.

3.ª Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyo término radique, el terreno a ocupar para que la fije en el tablón de anuncios. A la inserción en el periódico de mayor circulación se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 24.

(Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, si lo hubiere, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyo municipio se sitúe, el terreno a ocupar para que la fije en el tablón de anuncios. A la inclusión en el periódico de mayor circulación se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 24.)

4.ª Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación temporal. En este caso, indicará los motivos por los que debe considerarse preferente la ocupación temporal de otros terrenos no comprendidos en la relación como más convenientes al fin de la ocupación.

(Cualquier persona podrá presentar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación temporal. En este caso, indicará los motivos por los que debe considerarse preferente la ocupación temporal de otros terrenos no incluidos en la relación como más procedentes al fin de la ocupación.)

5.ª A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, previstas las comprobaciones que estime oportunas, resolverá con carácter ejecutivo acerca de las ocupaciones temporales precisas.»

(A la vista de las alegaciones presentadas por quienes comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, previstas las comprobaciones que valore oportunas, resolverá con carácter ejecutivo acerca de las ocupaciones temporales necesarias.)

El artículo 128 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 128

La indemnización procedente por las ocupaciones temporales reguladas por el artículo anterior se regirá por las normas contenidas en los artículos 112 y siguientes de la Ley. En el caso de que el particular discrepe de la Administración acerca de la posibilidad de evaluar de antemano la indemnización, deberá hacerlo constar así expresamente al rechazar la oferta que se le haga, y en el trámite previsto en el artículo 113 de la Ley deberá alegar ante el Jurado Provincial de Expropiación las razones por las que estime imposible la evaluación en ese momento. Dicho Jurado dará traslado al beneficiario del escrito del particular y en el plazo de diez días, evacuado o no el trámite de contestación por el mismo, resolverá acerca de la cuestión suscitada como previa. Decidido este punto, se estará, según los casos, a lo dispuesto en el artículo 113 o en el 114 de la Ley.»

(La indemnización procedente por las ocupaciones temporales reguladas por el artículo anterior se regulará por las normas incluidas en los artículos 112 y siguientes de la Ley. En el caso de que el particular discrepe de la Administración acerca de la posibilidad de valorar de antemano la indemnización, deberá hacerlo constar así expresamente al rechazar la oferta que se le haga, y en el trámite previsto en el artículo 113 de la Ley deberá alegar ante el Jurado Provincial de Expropiación las razones por las que considere imposible la valoración en ese momento. Dicho Jurado dará traslado al beneficiario del escrito del particular y en el plazo de diez días, utilizado o no el trámite de contestación por el mismo, resolverá acerca de la cuestión suscitada como previa. Decidido este punto, se estará, según los casos, a lo dispuesto en el artículo 113 o en el 114 de la Ley.)

El artículo 129 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 129 

En los casos en que el beneficiario, por considerar excesiva la tasación por ocupación temporal, decidiere recurrir a la expropiación, concurriendo el requisito de que la fijación del justo precio por los procedimientos previstos en la Ley no exceda de una mitad de los daños y perjuicios causados, el particular afectado estará asistido de todos los derechos que la Ley y este Reglamento reconocen al titular expropiado.»

(En los casos en que el beneficiario, por considerar excesiva la tasación por ocupación temporal, decidiere acudir a la expropiación, concurriendo el requisito de que la fijación del justo precio por los procedimientos previstos en la Ley no supere una mitad de los daños y perjuicios causados, el particular interesado estará asistido de todos los derechos que la Ley y este Reglamento admiten al titular expropiado.)

El artículo 130 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 130

1. En los casos de las ocupaciones temporales previstas en el artículo 116 de la Ley, el beneficiario notificará al propietario la necesidad de la ocupación, haciendo constar las razones por las cuales se considera necesario el uso de materiales y productos.

2. En el plazo de cinco días, a partir de la notificación, podrá el propietario impugnar la necesidad de la ocupación ante el Gobernador civil de la provincia, el cual resolverá con carácter ejecutivo.

3. En el mismo plazo deberá acreditar el propietario la concurrencia de los requisitos señalados en el citado artículo de la Ley para que haya lugar a indemnización.

(En el mismo plazo deberá demostrar el propietario la concurrencia de los requisitos señalados en el citado artículo de la Ley para que haya lugar a indemnización.)

4. Acreditados dichos requisitos se intentará por el beneficiario un convenio con el propietario acerca del importe de la indemnización, ofreciéndole en tal concepto la cantidad que se considere ajustada a paso y concediéndose al interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rechaza la oferta.

(Demostrados dichos requisitos se intentará por el beneficiario un convenio con el propietario acerca del importe de la indemnización, ofreciéndole en tal concepto la cantidad que se considere ajustada a paso y concediéndose al interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rechaza la oferta.)

5. En los casos en que el beneficiario estimara imposible evaluar de antemano la indemnización, o cuando el particular discrepara del mismo acerca de este extremo, se seguirán las reglas previstas en el artículo 126.»

(En los casos en que el beneficiario considerase imposible valorar de antemano la indemnización, o cuando el particular discrepara del mismo acerca de esta cuestión, se seguirán las reglas previstas en el artículo 126.)

El artículo 131 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 131 

Las discrepancias que pudieran surgir entre el particular y la Administración en relación con las ocupaciones a que se refiere el artículo 118 de la Ley y con el aumento de los rendimientos económicos obtenidos como consecuencia de las obras realizadas por el beneficiario, serán resueltas por el Gobernador civil de la provincia, cuya resolución será recurrible ante el Jurado Provincial de Expropiación, en el plazo de quince días, a contar desde la notificación.»

(Las discrepancias que pudieran nacer entre el particular y la Administración en relación con las ocupaciones a que se refiere el artículo 118 de la Ley y con el aumento de los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de las obras realizadas por el beneficiario, serán resueltas por el Gobernador civil de la provincia, cuya resolución será recurrible ante el Jurado Provincial de Expropiación, en el plazo de quince días, a contar desde la notificación.)

El artículo 132 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 132

La indemnización prevista en el artículo 119 de la Ley será evaluada mediante Peritos designados por el beneficiario y el particular, elevándose en caso de discrepancias las respectivas tasaciones al Jurado Provincial de Expropiación.»

(La indemnización prevista en el artículo 119 de la Ley será valorada mediante Peritos designados por el beneficiario y el particular, presentándose en caso de discrepancias las respectivas tasaciones al Jurado Provincial de Expropiación.)

Los artículos 133 a 138 han sido derogados. El artículo 139 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 139

Si la Administración pública intentare la expropiación con infracción de lo dispuesto en las Leyes, el expropiado podrá utilizar, ante la Jurisdicción correspondiente, las acciones previstas en el título V de la Ley de Expropiación Forzosa.»

El artículo 140 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 140

1. El recurso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 126 de la Ley podrá ser interpuesto por el beneficiario o por cualquiera que hubiera sido parte en el expediente, y se regirá por las disposiciones generales sobre la jurisdicción y procedimiento contencioso-administrativo.

(El recurso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 126 de la Ley podrá ser presentado por el beneficiario o por cualquiera que hubiera sido interviniente en el expediente, y se regulairá por las disposiciones generales sobre la jurisdicción y procedimiento contencioso-administrativo.)

2. La demanda deberá fundarse en todo caso en alguno de los motivos siguientes:

( La demanda deberá basarse en todo caso en alguno de los motivos siguientes: )

a) Lesión, cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el demandante en el expediente de justiprecio.

( Daño, cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el demandante en el expediente de justiprecio. )

b) Vicio sustancial de forma o violación u omisión de los preceptos establecidos en la Ley.»

( Vicio significativo de apariencia o vulneración u omisión de los preceptos establecidos en la Ley.)

El artículo 141 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa dispone lo siguiente:

«Artículo 141 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley, corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el conocimiento de los recursos sobre indemnización de daños y perjuicios.»